Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.

La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

• La impugnación de la sentencia de instancia por el no apelante
• El sobreseimiento de la denuncia y la disponibilidad de los documentos en registros públicos imposibilitan la revisión de la sentencia
• Momento en que se considerará que un tribunal conoce de un litigio a efectos de litispendencia
• Desestimación de un recurso de casación contra una hipoteca multidivisa por ser una copia de otro con numerosas erratas y defectos técnicos
• Prórroga de la atribución del uso de la vivienda familiar hasta la división de la cosa común

• Dispensa de declarar del artículo 416 LECrim., en el procedimiento penal
• Perfiles del nuevo delito de hostigamiento o ‘stalking’
• Prescripción de delitos y su interrupción
• Se admite como prueba las fotos obtenidas por la madre de la menor en el ordenador familiar
• Desistimiento de la acusación y sus efectos en las costas procesales. Mala fe o temeridad
• Exención del requisito de denuncia en los delitos contra la intimidad
  

El magistrado Fernando Andreu les imputa delitos de falsedad contable y fraude de inversores.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del llamado "caso Bankia” y transforma las diligencias en procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), el expresidente Rodrigo Rato, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, los consejeros Jose Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y otros tantos vocales, administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011. Se les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art 282 y 288 del CP) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Según el Abogado General Szpunar, a pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas por el Derecho nacional. Uber no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que el Derecho de la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información

Uber es una plataforma electrónica que, a través de un teléfono inteligente provisto de la correspondiente aplicación, permite solicitar un servicio de transporte urbano en las ciudades en las que está presente. La aplicación reconoce la localización del usuario y encuentra los conductores disponibles que se hallan en las inmediaciones. Cuando un conductor acepta la carrera, la aplicación informa al usuario, mostrándole el perfil del conductor y una estimación del precio del trayecto hasta el destino indicado por el usuario. Una vez efectuada la carrera, su importe se deduce automáticamente de la tarjeta de crédito del usuario, cuyos datos está obligado a proporcionar al registrarse en la aplicación. Dicha aplicación contiene también una funcionalidad de evaluación, mediante la que los conductores pueden evaluar a los pasajeros y viceversa. Una media de puntuación por debajo de un determinado umbral puede entrañar la expulsión de la plataforma. En el servicio denominado UberPop, conductores particulares no profesionales llevan a cabo el transporte de pasajeros en sus propios vehículos.

La circunstancia de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, pueda asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor constituye un elemento pertinente, pero no basta por sí misma para denegar un permiso de residencia. Para ello es necesario poder determinar que entre el menor y el progenitor nacional de un país que no es miembro de la UE no existe una relación de dependencia tal que una decisión que deniegue el derecho de residencia a este último obligaría al menor a abandonar el territorio de la Unión.

La Sra. Chávez Vílchez, de nacionalidad venezolana, entró en los Países Bajos con un visado de turismo. De su relación con un nacional neerlandés nació en 2009 una niña que tiene la nacionalidad neerlandesa. Los progenitores y la menor vivieron en Alemania hasta junio de 2011, cuando la Sra. Chávez-Vílchez y su hija se vieron obligadas a abandonar el domicilio familiar. La Sra. Chávez-Vílchez asume desde entonces la guarda y custodia de su hija. Por otra parte, ha declarado que el padre de la menor no contribuía ni a su manutención ni a su educación. Sin embargo, al carecer la Sra. Chávez-Vílchez de permiso de residencia, su solicitud de prestación de asistencia social y de prestaciones familiares fue denegada por las autoridades neerlandesas.

El transportista aéreo que no consiga probar que el pasajero fue informado de la cancelación de su vuelo con más de dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista está obligado a pagarle una compensación.

Ello es así tanto cuando el contrato de transporte se ha concluido directamente entre el pasajero y el transportista aéreo como cuando se ha celebrado a través de una agencia de viajes que opera en Internet.

Considera ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunidad Valenciana por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea

La Sala III del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de mayo de 2017, ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2016, de repercutir a dicha comunidad la responsabilidad exclusiva del pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta a España por el Consejo de la UE el 13 de julio de 2015 por manipulación de los datos del déficit en la Comunidad Valenciana.

Para el delito de hostigamiento, no bastan unos episodios, sin nítidos visos de continuidad, que además no comporten repercusiones en los hábitos de la víctima.

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo se ha pronunciado en su sentencia de 8 de mayo de 2017, por primera vez sobre el nuevo delito de ‘stalking’ u hostigamiento, introducido en el Código Penal por reforma del año 2015, que castiga con penas de 3 meses a 2 años de cárcel (o multa de 6 a 24 meses), a quien acose a una persona de forma insistente y reiterada, alterando gravemente su vida cotidiana. En esta primera aproximación al nuevo tipo penal, el Supremo establece que la conducta para ser delito debe tener vocación de prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima, como dice el tipo penal. No bastan por ello unos episodios, más o menos intensos o más o menos numerosos pero concentrados en pocos días y sin nítidos visos de continuidad, que además no comporten repercusiones en los hábitos de la víctima.

Conforme dispone la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-315/15, la colisión entre una aeronave y un ave constituye una circunstancia extraordinaria que puede eximir al transportista aéreo de su obligación de compensar a los pasajeros si se produce un gran retraso del vuelo. Sin embargo, cuando un experto autorizado a tal efecto haya comprobado tras la colisión que la aeronave de que se trata está en condiciones de volar, el transportista no podrá justificar el retraso invocando la necesidad de efectuar un segundo control

El 10 de agosto de 2013, la Sra. Marcela Pešková y el Sr. Jirí Pešká viajaron de Burgas (Bulgaria) a Ostrava (República Checa) utilizando un vuelo operado por la compañía aérea checa Travel Service. Antes de despegar con destino a Ostrava, el avión que iba a realizar ese vuelo había efectuado ya los trayectos de Praga a Burgas, de Burgas a Brno (República Checa) y de Brno a Burgas.