Jurisprudencia

La reproducción temporal en dicho reproductor de una obra protegida por derechos de autor obtenida mediante difusión en flujo continuo («streaming») no está exenta del derecho de reproducción.

El Sr. Wullems vende en Internet distintos modelos de un reproductor multimedia denominado «filmspeler». Se trata de un periférico que actúa de intermediario entre una fuente de imagen o de señales de audio y una pantalla de televisión. El Sr. Wullems ha instalado en dicho reproductor un software de fuente abierta que permite leer archivos en una interfaz de fácil empleo por medio de estructuras de menú. Además, ha integrado en él extensiones disponibles en Internet, cuya función es obtener el contenido deseado de los sitios de difusión en flujo continuo y hacer que comiencen a reproducirse con sólo pulsar en el reproductor multimedia conectado a una pantalla de televisión. En algunos de estos sitios se puede acceder a contenidos digitales con la autorización de los titulares de los derechos de autor y, en otros, sin ella. Según la publicidad, el referido reproductor multimedia permite, en particular, ver gratuita y fácilmente, en una pantalla de televisión, material audiovisual disponible en Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del conocido como “caso Lezo”, ha acordado mediante auto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El magistrado ha tomado esta decisión a solicitud del Ministerio Público y después de haber recibido declaración a los investigados y a los presuntos perjudicados: la presidenta de la Comunidad de Madrid, su jefa de prensa y en consejero de Presidencia madrileño.

Fuente: Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que enjuicia el caso conocido como “Gürtel Época 1”, ha notificado este lunes un auto en el que motiva el acuerdo por el que se llama a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El auto incluye un voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, contrario a la práctica de esta prueba testifical.

Fuente: Poder Judicial

• Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en la Unión Europea
• Requisitos de viabilidad de la acción de cesación en comunidades de régimen de propiedad horizontal
• Vicios o defectos ocultos en la compraventa de un vehículo
• Acción directa del subcontratista en caso de vencimiento anticipado de la deuda
• Prohibición de pacto comisorio derivado de garantía atípica en préstamo hipotecario
• La legitimación activa del tomador del seguro en caso de inacción del beneficiario

Los recurrentes no han aportado a la causa el informe pericial que anunciaron que presentarían contra el canon digital.

La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado en su sentencia de 17 de abril de 2017, la petición de resarcimiento por daños y perjuicios formulada por las entidades “Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)", "Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)", y "Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)", por los perjuicios causados por la entrada en vigor y aplicación del Real Decreto de 2012 que implantó el denominado canon digital, anulado por el propio Supremo el pasado mes de noviembre por ser contrario al derecho de la Unión Europea. Los recurrentes reclamaban ser indemnizados por el Estado.

• Compensación de créditos en los concursos de acreedores
• Propuesta de convenio en concursos de acreedores, que atribuya un trato singular a ciertos acreedores
• Una sentencia posterior no es documento para provocar una revisión de sentencia firme
• Cláusula sorpresiva y limitativa de los derechos del asegurado en una póliza colectiva de pensión de invalidez
• La cesión contractual de derechos de propiedad intelectual frente a la obra posterior del autor
• Activos financieros depositados fuera de la Unión Europea y libre circulación de capitales

• Requisitos de admisión de los nacionales de terceros países y su denegación por "amenaza para la seguridad pública"
• Requisitos en el uso de cinemómetros para imponer sanciones de tráfico
• Revisión de oficio administrativa cuando existe una sentencia firme
• Los nacionales de Palestina no son apátridas, aunque España no lo reconozca como Estado

• Negarse a la segunda prueba de alcoholemia tras dar positivo en la primera es delito
• Conducción de un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir y su consideración como delito
• Elementos del delito leve de usurpación de bien inmueble en su modalidad específica de ocupación pacífica
• La cadena de custodia en los procedimientos penales

• Desestimación de la pensión de alimentos a favor de hijos mayores de edad solicitada por la madre en el proceso de divorcio
• Reclamación por los vendedores de un inmueble, en régimen de propiedad horizontal, del porcentaje del justiprecio recibido por los compradores, derivado de una expropiación anterior de zona común
• El Tribunal Supremo desestima una acción de desahucio por precario al existir contrato de compraventa entre las partes
• Nulidad de la adjudicación de bien inmueble efectuada en el proceso de ejecución, que no se suspendió ante la interposición de demanda de tercería de dominio
• Vinculación de sentencias penales absolutorias en la jurisdicción civil

La Sala Primera aplica la doctrina del propio tribunal europeo, que reconoce la importancia del principio de cosa juzgada

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto de 4 de abril de 2017, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar una sentencia firme dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Torremolinos en octubre de 2016.