Jurisprudencia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso del Banco Popular, ha desestimado el recurso de reforma presentado por el Banco Santander contra en la resolución en la que se acordaba dirigir el procedimiento contra esta entidad y señala que “deviene necesaria la intervención de dicha entidad en concepto de investigada, con todos los derechos propios de tal condición”.

En el auto de 20 de marzo de 2019, el magistrado, tras analizar el informe del fiscal contrario a la admisión del recurso, recuerda que se trata de una cuestión jurídica prácticamente inédita en la práctica judicial –la transmisión de la responsabilidad penal entre empresas- y que en las escasas resoluciones sobre la materia no se ha ponderado la trascendencia que tiene en el ámbito jurídico empresarial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto impugnado determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

Uno de los criterios interpretativos que resuelve es la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de marzo de 2019, ha fijado doctrina sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en escrituras públicas que documentan novación modificativa de un préstamo hipotecario, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad hipotecaria.

• Clubs sociales de cannabis y la falta de competencia municipal
• Impugnación del Real Decreto de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones tras la aplicación en Cataluña del art. 155 CE
• Subvenciones concedidas a una empresa antes de la fecha de liberalización del mercado
• Segunda matriculación de vehículos a motor con modificaciones e inspección técnica

• El consumidor conocía la existencia de la cláusula suelo como demuestra que pactara con el director de la sucursal que no se le aplicara
• Requisitos de información en los contratos a distancia para el ejercicio del derecho de desistimiento
• Validez de la convocatoria de junta general por consejo de administración incompleto pero mayoritario
• No procede la acción de repetición del Consorcio de Compensación de Seguros contra el conductor cuando corresponde indemnizar a la aseguradora

• Prisión a una madre que medicaba a su hija para que tuviera continua atención hospitalaria
• Falta de mención de la pena accesoria en la orden de detención europea y sus consecuencias
• Presupuestos para la aplicación de la agravante por razones de género del art. 22.4 del CP
• La tentativa en el delito contra la hacienda pública y la condición objetiva de punibilidad
• Parámetros para valorar la credibilidad de la declaración de la víctima el día del juicio
  

• Obligatoriedad o no de utilización de modelo oficial para solicitud de certificado sucesorio europeo
• Padre que pierde la custodia compartida por su tabaquismo y riego de salud de sus hijos
• Alcance de la calificación registral en el juicio notarial de suficiencia de las facultades de representación
• Tutela del derecho al honor e inclusión de personas jurídicas en un registro de morosos

El Tribunal Constitucional, en el recurso de amparo núm. 169/2018, en una sentencia cuyo ponente ha sido el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha señalado que “la Constitución excluye, por regla general, la utilización periodística de la cámara oculta en cuanto que constituye una grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen”. Ahora bien, “su utilización podrá excepcionalmente ser legítima cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información”.

Con esta argumentación la Sala Primera ha estimado parcialmente el recurso de amparo de un particular al considerar que una cadena televisiva ha vulnerado sus derechos a la intimidad personal, la propia imagen y el honor por emitir un reportaje grabado con cámara oculta. Asimismo, se declara la nulidad parcial de la sentencia 634/2017, de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2017, que dio prevalencia a la libertad de información porque el reportaje emitido tenía por finalidad esencial denunciar una actividad de licitud dudosa del demandante de amparo y de su empresa que podía entrañar riesgos para la salud pública.

• Interpretación del artículo 108.3 de la LJCA sobre las garantías suficientes previas a la demolición de un inmueble ilegal ordenada por un Juez
• Nulidad de ordenanza del Ayuntamiento en cuanto permite terrazas interiores adyacentes a la línea de fachada
• Infraccion administrativa por superar los límites de tiempo de emisión dedicados a mensajes publicitarios
• Expulsión de extranjero casado con española, sin actividad laboral ni residencia estable y detenido por diversos delitos

• Proceso monitorio europeo y expedición de requerimiento de pago sin traducción
• Mayorías necesarias para la construcción de piscina en el régimen de propiedad horizontal
• Reparto no igualitario de tiempo de estancia entre los progenitores en un sistema de custodia compartida
• Ejercicio del derecho de opción de compra en un arrendamiento de local de negocio
• Inaplicación de la regla rebus sic stantibus al resultar posible el cumplimiento del contenido del contrato