Jurisprudencia de Derecho Civil

Sociedad de gananciales. Formación de inventario. Reembolso por el empleo de dinero privativo en la adquisición de bienes gananciales.

La cuestión jurídica que se plantea versa sobre el derecho de reembolso a favor de un cónyuge por el importe del dinero privativo empleado en la adquisición de bienes gananciales. Tras el divorcio de las partes, al formar el inventario para la liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales, se suscitó controversia respecto de varias partidas del activo y del pasivo.

Derecho al honor y libertad de expresión. Ponderación. Prestigio profesional. Comentario a una noticia publicada en un medio digital.

En el caso, la actora (médico forense) ejercitó una acción por vulneración de su derecho al honor a consecuencia de un artículo periodístico en el que se pretendía dar una visión de la actividad real de dichos especialistas, relatándose la decisiva actuación que había tenido la demandante en la resolución de un homicidio que inicialmente aparentaba ser una muerte suicida. En el cajetín de comentarios de dicho artículo se publicó por un usuario (demandado) un comentario ofensivo afectando al prestigio profesional de la demandante, indicando que la misma no estaba capacitada por su profesión y la existencia de numerosos informes disparatados, que no concreta.

Separación o divorcio. Parejas de hecho. Animales domésticos. Mascotas. Custodia compartida de animales.

Se declara ‘corresponsable’ y ‘cocuidadora’ a una persona, en lugar de ‘copropietaria’ con respecto a un perro con el que convivió. Se invocó el Convenio europeo de Animales de Compañía de 1987 que España suscribió en 2017 y que entró en vigor en 2018”, donde se establece el término responsable o cuidador en lugar del de propietario que recogía nuestro Código Civil a fecha de la sentencia. La afectividad que pueda tener una persona sobre su mascota no excluye que esta pueda recibir esa misma afectividad de otras personas” y por tanto “la mera titularidad formal del animal, sea como dueño o adoptante, no puede prevalecer” sobre el “afecto del solicitante”.

Guarda y custodia de menores. Modificación de medidas. Derecho del menor a ser oído y escuchado.

La sentencia del Tribunal Supremo repasa la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia más destacada sobre el criterio o los criterios a tener en cuenta para decidir si ha de explorarse la voluntad del menor, entendiendo fundamentalmente que se trataría de un menor de 12 años con suficiente juicio o madurez. Al final, la conclusión de toda exposición es la siguiente: la denegación de la exploración tiene que estar motivada, y la motivación se contrae a dos elementos: Uno de ellos sería la necesidad de su práctica en función de la madurez; el otro, la conveniencia o no para su interés. Por tanto, podría producirse que siendo necesaria exploración pudiera no ser conveniente.

Alimentos a menores. Determinación de oficio. Al fijarse por primera vez, se computarán desde la interposición de la demanda.

No cabe confundir dos supuestos distintos: aquel en que la pensión se instaura por primera vez y aquel en el que existe una pensión alimenticia ya declarada (y por tanto, que ha venido siendo percibida por los hijos menores) y lo que se discute es la modificación de la cuantía.

En el primer caso debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda. Sin duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma se estarían pagando dos veces.

Filiación. Reclamación de maternidad extramatrimonial por posesión de estado. Filiación derivada de técnicas de reproducción asistida. Doble maternidad

El procedimiento tiene su origen en una demanda de "reclamación de maternidad extramatrimonial por posesión de estado" interpuesta por quien fuera pareja, y luego esposa, de la madre por naturaleza. La sala recuerda que, en los supuestos de doble maternidad legal sin adopción, la regulación vigente sigue exigiendo que la mujer que presta el consentimiento para que se determine la filiación esté casada y no separada legalmente o de hecho con la madre.

Pensión compensatoria. Extinción. Negocios jurídicos de Derecho de familia. Adjudicación de bienes en la liquidación de la sociedad ganancial. Percepción de herencia

El objeto del presente proceso consiste en la petición de extinción de la pensión compensatoria fijada a favor de la demandada en un procedimiento de divorcio, por la superación del desequilibrio económico existente al tiempo de su fijación.

Recurso de casación. Derecho a recurrir. Inexistencia de gravamen.

Contra las resoluciones de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley. La afectación desfavorable para la parte litigante, lo que ha venido en llamarse el "gravamen", constituye un presupuesto del recurso.

Divorcio. Modificación de medidas. Pensión de alimentos fijada en convenio regulador. Alteración de circunstancias. Hijo que se traslada a EE.UU a estudiar, cuyos gastos son satisfechos de forma exclusiva por el padre.

Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, pueden modificarse judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges.

Derecho a la libertad de expresión frente a derecho al honor. Libertad de información. Veracidad. Manifestaciones difundidas a través de redes sociales.

Las dificultades para distinguir entre libertad de información y libertad de expresión se acentúan cuando se contextualiza el ejercicio de una y de otra en el ámbito de internet y, más concretamente, en el de las redes sociales. Esta intersección de estatutos introduce dificultades añadidas a la hora de examinar la adecuación constitucional de los límites que se introducen al ejercicio de las libertades de expresión y de información. Y tampoco facilita la desagregación entre estos dos derechos, libertad de expresión y derecho a la información, que nuestro sistema constitucional diferencia claramente, no sucediendo así en el contexto del Consejo de Europa o de la Unión Europea, que se refieren a una genérica libertad de expresión que se concreta a través de la libertad de opinión, la libertad de transmitir información y la libertad de recibir información.