Jurisprudencia de Derecho Civil

Propiedad. Acción declarativa de dominio. Reconvención ejercitando acción reivindicatoria. Adquisición de inmueble por dación en pago. Tercero hipotecario: buena fe. Protección registral.

La primera cuestión a resolver es si la sociedad demandada-reconviniente, ahora recurrente, reúne las condiciones de tercero hipotecario (art. 34 Ley Hipotecaria), lo que haría inatacable el dominio adquirido e inscrito en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de los derechos o reclamaciones que puedan hacerse efectivos por los demandantes contra aquellos que, por su actuación, hubieran propiciado en su perjuicio dicha adquisición del dominio con carácter inatacable.

Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Concursos. Acción de responsabilidad por daños. Reintegración.

El artículo 1, apartados 1 y 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que responde al concepto de «materia civil y mercantil», a efectos del apartado 1 de esa disposición, una acción, como la que ha dado inicio al litigio principal, que tiene por objeto una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad delictual o cuasidelictual, que ejercita el síndico en el marco de un procedimiento de insolvencia y que, de prosperar, dará lugar a la reintegración de lo obtenido en la masa activa, y de que, en consecuencia, esa acción está comprendida en el ámbito de aplicación material de dicho Reglamento.

Derecho de sucesiones. Sucesión de ciudadano británico residente en España. Ley personal. Resolución de un conflicto de normas de derecho internacional privado en materia de sucesiones. Por el momento en el que se produjo el fallecimiento del causante es inaplicable el Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo (solo aplicable a personas fallecidas el 17 de agosto de 2015 o después conforme al art. 83.1) relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones "mortis causa" y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Se trata de determinar si, en contra de la voluntad de un ciudadano inglés que dispuso de sus bienes de conformidad con su ley nacional, que se basa en la libertad de testar, es aplicable, al amparo del art. 12.2 CC, el reenvío a la ley española, conforme a la norma de conflicto inglesa que establece que la sucesión por causa de muerte se rige, para los bienes inmuebles, por la ley de su situación, y para los bienes muebles por la ley del domicilio del causante.

División de herencia. Formación de inventario. Crédito de la sociedad de gananciales frente a uno de los herederos. Intereses de las cantidades debidas.

El recurso se refiere exclusivamente a la cuestión referida al pago de intereses respecto de la cantidad debida por el obligado. Cuando se producen una serie de apropiaciones ilícitas de dinero propio de la sociedad de gananciales por parte del ahora obligado, se habrá de devengar el interés correspondiente desde que se produjo cada una de dichas apropiaciones, ya que desde ese mismo momento nació la obligación de restitución, pese a que el acreedor pudiera desconocer la cuantía exacta de la totalidad de lo apropiado y formular una reclamación por una cantidad superior a la realmente debida. Por tanto, la sala declara que la regla in illiquidis non fit mora no puede ser aplicada en ningún caso a una situación como la presente.

Modificación de medidas. Pensión de alimentos a hijos mayores de edad. Solicitud de extinción por falta de relación entre el alimentante y los alimentistas. No procede. Necesidad de ausencia continuada de relación de estos hacia aquel, relevante, intensa e imputable solo a los alimentistas.

El art. 152.4º CC dispone que cesará la obligación de dar alimentos «cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a desheredación». Entre las iniciativas que propugnan la revisión de la legítima, una de ellas es la tendente a que se extiendan los casos legales de desheredación de los legitimarios, pues las modernas estructuras familiares propician e incluso no hacen extrañas, situaciones en las que los progenitores han perdido contacto con alguno o todos de sus hijos.

Relaciones paternofiliales: guarda y custodia compartida: interés del menor. Pensión alimentos: determinación. El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. La sentencia recurrida valora el interés del menor y considera que actualmente no existen razones para variar el régimen de guarda y custodia de la menor, que ostenta la madre. El informe psicosocial -emitido ciertamente cuando la niña tenía muy poca edad- recomendaba la práctica de nuevos exámenes, que no constan realizados y que serían necesarios para poder llegar a instaurar, en su caso, el sistema de custodia compartida. Es por ello que, tanto la Audiencia como esta sala, han contado únicamente con la información emanada de aquél primer examen.

Derecho de familia Divorcio. Convenio regulador.  Naturaleza validez y eficacia. Convenio suscrito para un divorcio de mutuo acuerdo que no se ratifica y se aporta después al divorcio contencioso. Doctrina jurisprudencial sobre el convenio regulador como negocio jurídico de derecho de familia, expresión de la autonomía de la voluntad de los cónyuges en la regulación de situaciones de ruptura conyugal y su naturaleza, clases y eficacia obligacional.

Responsabilidad del notario. Asesoramiento en el ejercicio de su profesión. Impuesto de sucesiones y donaciones. Inexistencia de culpa o ignorancia inexcusable para apreciar esta responsabilidad. Demanda de responsabilidad por negligente asesoramiento prestado por un notario en el ejercicio de su profesión fundando la pretensión en el defectuoso asesoramiento prestado por el demandado,  que impidió aplicar a una donación dineraria la reducción en la cuota prevista en la legislación valenciana. A la vista de la rigurosidad del requisito formal que exige la norma de que el otorgamiento de la escritura pública comprensiva del acto gravado se otorgue en el plazo de treinta días desde la consumación de la donación.

Tutela del derecho al honor. Inclusión de personas jurídicas en un registro de morosos. La comprobación de la existencia, certeza y vencimiento de las deudas controvertidas no son de la incumbencia del titular del registro por exceder lógicamente de sus competencias. Pero esto no puede llevar a que el responsable del "registro de morosos", esto es, la empresa titular del fichero común en el que se incluyen los datos sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias procedentes de los ficheros de distintos acreedores, esté excluido de la obligación de velar por la calidad de los datos, y, por tanto, de cancelar o rectificar de oficio los que le conste que sean no pertinentes, inexactos o incompletos.

Juicio verbal. Impugnación judicial de una calificación registral negativa. Interpretación del art. 98 de la Ley 24/2001. Alcance de la calificación registral en el juicio notarial de suficiencia de las facultades de representación.

La posible contradicción que pudiera advertirse entre la previsión contenida en el art. 18 de la Ley Hipotecaria, que atribuye al registrador la función de calificar "la capacidad de los otorgantes", y el art. 98 de la Ley 24/2001, que limita la calificación registral a la "reseña indicativa del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de este con el contenido del título presentado", debe resolverse dando prioridad a esta segunda norma, que tiene a estos efectos la consideración de ley especial.