Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Planes de pensiones. Deberes de información de las entidades comercializadoras o gestoras. Riesgos para el cobro de la prestación por el beneficiario una vez producida la contingencia de la jubilación

La cuestión jurídica que se plantea versa sobre los deberes de transparencia e información a los partícipes de un plan de pensiones individual promovido por una entidad financiera acerca de las características y riesgos de las diferentes modalidades de percepción de las prestaciones una vez producida la contingencia de la jubilación.

El razonamiento de la sentencia recurrida, que desestima la demanda, parte de la extinción de la relación jurídica entre las demandadas (promotora-comercializadora y gestora-administradora del fondo) y el partícipe en el plan y causante de las demandantes, una vez que este último optó por la "renta garantizada por una entidad aseguradora", única entidad con la que a partir de ese momento habría pasado a tener una relación jurídica, la de seguro.

Concursal. Contrato de arrendamiento de vivienda de renta antigua. Resolución de contratos de tracto sucesivo en interés del concurso de acreedores. No procede.

El presupuesto para el ejercicio de la facultad resolutoria regulada en el art. 61.2, párrafo 2º, LC es el interés del concurso, en tanto en cuanto el mantenimiento del contrato cuya extinción se pretende no sea suficientemente provechoso para la masa. Frente a la regla general de conservación de todas las relaciones que conforman la masa activa, se permite la exclusión de las que resulten económicamente indeseables para la misma, porque no generan activos suficientes, son excesivamente gravosas por su contenido y garantías, o sus condiciones son comparativamente peores que las de otros contratos que pudieran celebrarse en el mercado para satisfacer la misma necesidad.

Concurso de acreedores. Clasificación de créditos públicos derivados de la anulación de subvenciones y la obligación de restituirlas. Distinción según hubieran sido concedidas antes o después de la declaración del concurso.

La subvención surte sus efectos mientras no acontezca la causa de reintegración, pero cuando esta acaece decaen los derechos adquiridos y procede la restitución de las prestaciones ejecutadas. En el caso, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, concedió unas ayudas sociolaborales excepcionales a la compañía mercantil, ahora concursada. La sentencia del juzgado de lo mercantil, confirmada por la Audiencia, acordó la inclusión del importe total como crédito contra la masa.

Obligaciones subordinadas. Error vicio en el consentimiento prestado. Perfil del cliente: Registrador de la Propiedad. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la nulidad de la adquisición de obligaciones subordinadas por error vicio en el consentimiento prestado. En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento, es decir, la ausencia de la información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo.

Por otro lado

Obligaciones subordinadas. Canje de acciones. Legitimación activa. Error en el consentimiento. La aceptación de la oferta de adquisición de acciones a cambio de las obligaciones subordinadas no es un acto voluntario, puesto que, no existía otra alternativa y no impide la acción de anulabilidad por error de consentimiento. Tampoco es admisible la objeción sobre la falta de legitimación de los recurrentes para instar la nulidad pretendida en la demanda, debido a la venta voluntaria de las acciones objeto de canje.

Servicios de pago en el mercado interior. Concepto de «cuenta de pago». Cuenta de ahorro online desde la que el cliente efectúa, mediante un sistema de banca a distancia, sin aviso previo y sin intervención especial del banco, cargos y abonos en una cuenta de referencia a su nombre.

El tenor de la Directiva sobre servicios de pago, al definir los conceptos de «cuenta de pago», «operación de pago» y «servicio de pago», no permite, por sí solo, determinar si el concepto de «cuenta de pago» incluye o no una cuenta como la controvertida en el litigio principal, que se caracteriza porque, para realizar una operación de pago, es necesario realizar un paso intermedio consistente en una transferencia de fondos entre la cuenta de ahorro en cuestión y la cuenta corriente del usuario. Por ello, procede analizar el contexto legislativo en el que se inscribe esta Directiva, para lo cual es necesario tener en cuenta la Directiva sobre cuentas de pago, que, si bien no es directamente aplicable al litigio principal, debe aplicarse a todos los proveedores de servicios de pago. Asimismo, las definiciones que figuran en ella deben armonizarse, en la medida de lo posible, con las previstas en otros actos legislativos de la Unión y, en particular, con las de la directiva sobre los servicios de pago.

Resolución de entidades de crédito. Banco Popular. Solicitud de anulación de la Decisión SRB/EES/2017/08 de la JUR, de 7 de junio de 2017, de la Junta Única de Resolución. Falta de legitimación activa.

La demandante es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la defensa de los intereses de los inversores minoristas afectados por la resolución, la supervisión y la gestión del Banco Popular Español. Por lo tanto, según la jurisprudencia, solo está legitimada para interponer un recurso de anulación en tres supuestos, a saber, primero, cuando representa los intereses de empresas que estarían legitimadas para interponerlo; segundo, cuando se singulariza por la afectación de sus propios intereses en tanto que asociación, en especial porque su posición negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita, y tercero, cuando una disposición legislativa le reconoce una serie de facultades de carácter procesal. En el caso de autos, la demandante alega que la Decisión impugnada la afecta directa e individualmente y que actúa, por tanto, en nombre propio para la protección de sus propios intereses. Así pues, sostiene que se halla en el segundo supuesto mencionado en el apartado anterior.

Concursal. Impugnación del inventario de la masa activa. Diferencia entre compensación de créditos y liquidación de una relación contractual con obligaciones recíprocas.

Seguro de invalidez permanente absoluta. Cuestionario de salud. Declaración del riesgo. Cláusula de exclusión del riesgo. Consumidor habitual de drogas que no fue preguntado sobre esta circunstancia ni se ha acreditado que tuviera patología alguna relacionada con ese consumo. El tomador no puede justificar el incumplimiento de su deber por la mera circunstancia de que el cuestionario fuera rellenado por el personal de la aseguradora o de la entidad que actuara por cuenta de aquella, pues lo verdaderamente relevante es que, por la forma en que se rellenó, pueda concluirse que el tomador del seguro no fue preguntado por esa información relevante. Ahora bien, el asegurador asume las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguos o genéricos, lo que impone examinar en cada caso si el tipo de preguntas que se formularon eran conducentes a que el asegurado pudiera ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando intencionadamente datos relevantes para la exacta valoración del riesgo. El asegurador, habrá de asumir las consecuencias que deriven de la presentación de un cuestionario incompleto.

Seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario. Cobertura de invalidez permanente absoluta. Cuestionario de salud. Infracción del deber de declaración del riesgo.

El presente litigio versa sobre la reclamación del asegurado contra su compañía de seguros tras habérsele reconocido una invalidez permanente absoluta que se encontraba cubierta por el seguro de vida e invalidez concertado. El seguro estaba vinculado a un préstamo hipotecario, y a su firma precedió la cumplimentación de un cuestionario de salud. El préstamo fue ampliado y el seguro renovado con posterioridad previa realización de un segundo cuestionario de salud, con la consiguiente actualización del capital asegurado. La reclamación del asegurado fue estimada en primera instancia y desestimada en apelación por considerarse que había infringido su deber de declaración del riesgo al cumplimentar el segundo cuestionario ocultando dolosamente enfermedades preexistentes y causalmente vinculadas con la invalidez luego reconocida.