Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Propiedad intelectual e industrial. Publicación de obras sin autorización del titular. Derecho de reproducción. Comunicación al público.  La venta de un reproductor multimedia que permite ver gratuita y fácilmente, en una pantalla de televisión, películas disponibles ilegalmente en Internet puede constituir una vulneración de los derechos de autor. Y es que la reproducción temporal en dicho reproductor de una obra protegida por derechos de autor obtenida mediante difusión en flujo continuo («streaming») desde un sitio de Internet perteneciente a un tercero en el que la referida obra se ofrece sin autorización del titular de los derechos de autor, no están exentos del derecho de reproducción. En su sentencia, el Tribunal de Justicia confirma que la venta de un reproductor multimedia como el controvertido constituye una «comunicación al público» en el sentido de la Directiva 2001/29, sobre  armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. El hecho de facilitar en una página de Internet enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas publicadas sin ninguna restricción de acceso en otra página de Internet ofrece a los usuarios de la primera página un acceso directo a dichas obras. Así sucede también cuando se vende el reproductor multimedia controvertido, en el que se han preinstalado extensiones, disponibles en Internet, que contienen hipervínculos que reenvían a sitios de Internet libremente accesibles al público en los que se ponen a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares de tales derechos.

(Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sala Segunda, de 26 de abril de 2017, asunto C-527/15)

Propiedad intelectual. Comunicación pública. Concepto de cable. Legislación nacional que exceptúa la violación de derechos de autor en supuestos de retransmisión inmediata por cable. El concepto de «acceso al cable por parte de los servicios de radiodifusión», que figura en el artículo 9 de la Directiva 2001/29, debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea, que ha de determinarse teniendo en cuenta el tenor de dicha disposición, el contexto en el que aparece y los objetivos de la normativa de la que forma parte. Se desprende de los propios términos «acceso al cable» que este concepto difiere del de «retransmisión por cable», único concepto que designa, en el marco de la Directiva 2001/29, la difusión de un contenido audiovisual. La finalidad de la Directiva 2001/29 es la instauración de un elevado nivel de protección en favor de los autores. Habida cuenta de ese elevado nivel de protección en favor de los autores, el Tribunal de Justicia determinó que el concepto de comunicación al debe entenderse en sentido amplio y que una retransmisión mediante un flujo de Internet constituye una comunicación de ese tipo. De ello se deduce que, sin el consentimiento del autor afectado, una retransmisión de ese tipo no está permitida en principio, salvo si queda comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 5, que establece una lista exhaustiva de excepciones y de limitaciones al derecho de comunicación al público instituido en el artículo 3. Así pues, el artículo 9 de la Directiva 2001/29/CE, y más concretamente el concepto de «acceso al cable por parte de los servicios de radiodifusión», debe interpretarse en el sentido de que esta disposición no incluye en su ámbito de aplicación ni autoriza una normativa nacional que excluye la existencia de violación de los derechos de autor en caso de retransmisión inmediata por cable, y eventualmente también a través de Internet, en la zona de radiodifusión inicial, de obras emitidas en cadenas de televisión sujetas a obligaciones de servicio público.

(Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2017, asunto C-275/15)

Libre circulación de capitales. Servicios financieros. Activos depositados en entidades fuera de la Unión Europea. Liquidación complementaria. El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una normativa nacional que impone una restricción a los movimientos de capitales a los que se refiere esta disposición, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, incluso cuando esa restricción sea aplicable igualmente a situaciones sin vínculo alguno con las inversiones directas, con el establecimiento, con la prestación de servicios financieros o con la admisión de valores en los mercados. La apertura de una cuenta de valores por parte de un residente de un Estado miembro en una entidad bancaria situada fuera de la Unión Europea, como la que se discute en el litigio principal, está comprendida en el concepto de movimientos de capitales que suponen la prestación de servicios financieros, en el sentido del artículo 64 TFUE, apartado 1. La facultad de los Estados miembros de aplicar restricciones a los movimientos de capitales que supongan la prestación de servicios financieros, reconocida por el artículo 64 TFUE, apartado 1, abarca igualmente las restricciones que, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, no conciernen ni al prestador de los servicios ni a los requisitos y modalidades de la prestación de esos servicios.

(Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de febrero de 2017, asunto C-317/15)

Propiedad intelectual. Reproducción, transformación, distribución y comunicación al público de determinados dibujos por el autor original tras haberlos cedido en contrato. Kukuxumusu. No se discute la validez de los contratos, sino el alcance del derecho de transformación como derecho que forma parte de los derechos de explotación de los dibujos objeto de los contratos celebrados entre las partes. La transformación comporta una actividad creadora, da lugar a una obra nueva, resultante de la transformación. Está claro que, por tratarse de una obra derivada, será relativamente original. Es decir, que una obra de propiedad intelectual, para considerarse novedosa o simple transformación de otra, dependerá del quantum de originalidad que suponga, y eso es lo que debemos valorar en los dibujos que han sido objeto de cesión por los codemandados a la actora, si la nueva actividad artística desarrollada por los mismos infringe o no los derechos adquiridos por la actora en virtud de los contratos de cesión y venta de los dibujos. Para ello debemos acudir a conocimientos específicos en la materia, que en el caso se facilitan a través de los informes periciales aportados por las dos partes. No debe perderse de vista que el derecho de transformación es un derecho distinto del moral del autor, y que puede ser objeto de cesión; así, no puede confundirse el derecho moral a la integridad de la obra, previsto en el art. 14.4.º, con el derecho de transformación del art. 21, incluido dentro de los derechos de explotación del art. 17, que es diferente del citado derecho del art. 14.4.º derecho -el último, el moral- que a diferencia de aquél resulta inalienable. No se reclama que los codemandados no hicieran uso de su estilo, sino tan sólo que no lo hicieran respecto a los dibujos a los que se refieren los contratos celebrados entre las partes, por lo que debe estimarse la pretensión en los términos solicitados en el suplico pues se ajusta estrictamente a lo que ha sido objeto de debate en todo momento e identificado como Dibujos del Universo Kukuxumusu, así como sus reproducciones gráficas, y desde luego siempre que se trate de dibujos copia o transformación de los que han sido objeto de cesión, es decir, de dibujos que no reúnen requisitos de novedad y originalidad suficiente por sí mismos como los que han sido objeto de este procedimiento y analizados por los peritos, puesto que si la transformación incorpora una novedad suficiente, no supondría una vulneración de los derechos cedidos a la actora.

(Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona, de 29 de enero de 2017, autos 189/2016)

Contrato de seguro. Póliza colectiva de pensión de invalidez. Cláusula general sorpresiva y limitativa de derechos. Vulneración del art. 3 LCS y del principio de transparencia. Se plantea como cuestión de fondo el carácter limitativo de derechos de la cláusula controvertida y la falta de concurrencia de los requisitos de validez que vienen exigidos en el art. 3 de la LCS con relación a una póliza colectiva emitida inicialmente por una mutualidad de previsión social, transformada posteriormente en mutua de seguros a prima fija, sin emisión de póliza individual y sujetando su relación contractual a los estatutos que operan como póliza colectiva. Considera la recurrente que el contrato de seguro incluye un «insólito plus» al definir la invalidez como subordinada a que resulte de una carencia de autonomía personal definitiva y permanente, restringida a una serie de causas, con exclusión sorpresiva y con falta de lógica con otras muchas que podrían conducir al mismo resultado. En este sentido, las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas se distinguen de manera que las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro, mientras que las cláusulas limitativas se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS, de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito. El principio de transparencia, fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto de las cláusulas introductorias o particulares. En el presente caso, en donde la póliza colectiva se instrumentalizó a través de un boletín de adhesión, conduce, de acuerdo con lo alegado por la recurrente, a que la sala aprecie un «insólito plus» en la cláusula controvertida que determina su carácter sorpresivo respecto de la prestación asegurada, asimilándola más bien a un seguro de gran dependencia o de gran invalidez, y la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado. De forma que introduce una confusión y contradicción entre las cláusulas particulares y generales del contrato que vulnera los deberes de claridad y precisión. En consecuencia, se condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación periódica mensual prevista en la póliza colectiva, así como a la condena al pago de los intereses de demora.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 2 de marzo de 2017, recurso 3248/2014)

Revisión de sentencias firmes. Fuerza de cosa juzgada. Clausulas suelo. Demanda de revisión de sentencia firme basada en la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y su doctrina sobre los efectos restitutorios de la nulidad de las «cláusulas suelo» por no superar el control de transparencia. Una sentencia posterior (como lo es la de la unión europea) no tiene la consideración de «documento recobrado» u obtenido en el que pueda fundarse una demanda de revisión de sentencia firme del artículo 510.1 1º de la LEC, yaque el documento recobrado ha de tener existencia con anterioridad al momento en que precluyó la posibilidad de aportarlo al proceso, en cualquiera de las instancias, y que la causa de que el demandante de revisión no haya podido disponer de él ha de ser, en la previsión legal, no su inexistencia en aquel momento, sino la fuerza mayor o la actuación de la otra parte. Ha de prevalecer por tanto el efecto de cosa juzgada de la sentencia firme dictada con anterioridad. Esta doctrina es aceptada también por el Tribunal de Justicia de la Unión europea al señalar que el Derecho comunitario no impone la revisión en estos casos de las sentencias firmes cuando tal posibilidad no está prevista en la normativa procesal nacional y en nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto a dicha posibilidad de revisión fuera de los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. Pero no cabe la extensión de esta posibilidad de revisión a los supuestos en que la sentencia no haya sido dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino por el TJUE. Los mismos efectos se producen con el recurso de casación para unificación de doctrina de la Ley de Jurisdicción Social (art. 228.1) o las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional (art- 40 LOTC) donde igualmente se respecta la cosa juzgada impidiéndose reabrir procesos finalizados por sentencia firme incluso en los supuestos en que se produzca una modificación de la jurisprudencia.

(Auto del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 4 de abril de 2017, recurso 7/2017)

Concurso de acreedores. Principio de par conditio creditorum. Aprobación de convenio en concurso de acreedores. Convenios con tratos singulares. La previsión de soluciones alternativas en el convenio no supone un trato singular que exija el voto favorable de la doble mayoría prevista en el art. 125.1 de la Ley Concursal, es decir, además del voto de la mayoría del total del pasivo, sería preciso el del pasivo relativo de los acreedores a los que dicho trato singular no les va a afectar. Pero en este caso, la previsión de proposiciones alternativas en el convenio, a las que pueden acogerse todos los acreedores, no supone la creación de privilegios o preferencias no previstos en la ley, por lo que no se infringe lo previsto en el art. 89.2 de la Ley Concursal. El «trato singular» que prevé el art. 125.1 de la Ley Concursal exige, para ser considerado como tal, que vaya dirigido «a ciertos acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características», pero en este caso, solo prevé la posibilidad de presentar a un tercero que oferte de forma escrita, vinculante, no condicionada y al contado, por su valor de tasación, la compra de uno de los bienes inmuebles de la sociedad concursada no afectos a su actividad, y de este modo obtener el acreedor el pago inmediato de su crédito, si bien con una quita mayor a del resto. Esta actuación del acreedor que presenta un comprador en estas condiciones permite a la concursada obtener liquidez para pagar al resto de los acreedores, vendiendo bienes que no son necesarios para su actividad en condiciones ventajosas. Es cierto que una proposición alternativa que en principio aparezca como destinada a todos los acreedores puede encubrir, bajo esa apariencia formal, un trato singular, privilegiado, aplicable solamente a algunos acreedores determinados por sus características, y solo aprovechables por ellos; solo en ese caso deberían cumplirse los requisitos de aprobación (doble mayoría) del art. 125.1. Por otro lado se señala que el juez puede aprobar el convenio o rechazarlo - o mandar que se repita el trámite que llevó a él, a fin de que se subsanen los defectos de esa índole de que adolezca -, pero no modificar su contenido como hizo el juzgado mercantil suplantando la voluntad de las partes llamadas a votar a favor o en contra de convenio.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 13 de marzo de 2017, recurso 1281/2014)

Concurso de acreedores. Créditos contra la masa. Compensación de créditos. Compraventa de inmueble de la masa activa con posterioridad a la declaración del concurso y retención por el comprador de parte del precio.Los créditos contra la masa pueden compensarse con créditos del concursado y deberán pagarse con los intereses, legales o pactados, que se devenguen, y  no se suspende el derecho de retención ni se interrumpe la prescripción de la acción para exigir su pago. La declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos anteriores frente al deudor común formen parte de la masa pasiva (art. 49 de la Ley Concursal) y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum, que impiden, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del convenio o la liquidación. Esa es la razón por la que el art. 58 de la Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la declaración de concurso.  Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso, no está sujeto a las reglas de la par condicio creditorum , y puede ser pagado al margen de la solución concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación. Por otra parte,  si la compensación está correctamente efectuada, no se vulnera la exigencia de que el crédito contra la masa sea pagado a su vencimiento, tal como prevé el art. 84.3 de la Ley Concursal, puesto que para que proceda la compensación, las deudas a compensar deben estar vencidas. En este caso nos encontramos ante un supuesto de liquidación de una única relación contractual de la que han surgido obligaciones para una y otra parte donde incluso si se tratara créditos de carácter concursal, nos encontramos ante un mecanismo de liquidación del contrato y no ante compensaciones a las que sea aplicable el art. 58 de la Ley Concursal.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 13 de marzo de 2017, recurso 1632/2014)

Concurso. Inclusión como créditos contra la masa de honorarios de abogado y procurador que actuaron en defensa y representación de una mercantil en solicitud de concurso necesario. Legitimación. Una vez notificada o comunicada la lista de acreedores, el art. 96 LC concede un derecho de oposición no solo a las partes personadas, o a los acreedores, sino también a los demás interesados en el procedimiento concursal, por lo que puede impugnarla todo aquel que tenga y acredite un interés que considere lesionado. La expresión «interesado», a que se refiere el precepto, es más amplia que la de titular de un derecho subjetivo o que la de titular de la relación jurídica controvertida, por lo que ha de entenderse referida a un sujeto de derecho con un interés propio, para el que la lista de acreedores haya supuesto algún tipo de perjuicio o gravamen, incluso indirecto, potencial o futuro. Desde ese punto de vista, aunque el abogado y el procurador del beneficiario de la condena en costas no fueran los titulares del crédito, por serlo su cliente, sí que tienen un interés directo en su reconocimiento como crédito contra la masa, puesto que ello facilita el cobro de sus honorarios. Razón por la que se encuentran en el círculo de interesados a que se refiere el art. 96 LC y, en consecuencia, estaban legitimados para impugnar la lista de acreedores en que no se contenía tal reconocimiento del crédito, sino que se le reconocía como crédito con privilegio general. Es cierto que los créditos por costas son de titularidad de sus beneficiarios y no de los profesionales que les prestan sus servicios. Pero el art. 84.2.2.º LC no se refiere a esa cuestión, sino que reconoce como créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso. La sentencia recurrida no infringe este artículo, puesto que conceptúa correctamente el crédito resultante de la condena en costas por la declaración de concurso como crédito contra la masa. Y ello, porque el objeto de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores del que trae causa este recurso de casación no era determinar la titularidad del crédito discutido, sino clasificarlo como crédito contra la masa, como solicitaban los demandantes, o mantenerlo como crédito con privilegio general, como había hecho la administración concursal al confeccionar la lista de acreedores.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 16 de marzo de 2017, recurso núm. 2201/2014)  

Marca europea. Denegación de la marca «Tempo Vega Sicilia» por contener en el nombre elementos pertenecientes a la denominación de origen «Sicilia». A tenor del artículo 7.1 j) del Reglamento 207/2009, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen. De la jurisprudencia se desprende que este motivo de denegación se aplica sin que proceda tener en cuenta si la marca cuyo registro se solicita puede o no inducir a error al público o si conlleva un riesgo de confusión para este por lo que respecta al origen del producto. Para aplicarlo, basta con que la marca solicitada comprenda o esté compuesta por una indicación geográfica o por elementos que permitan identificar con certeza la indicación geográfica de que se trate. En particular, para que se deniegue el registro basta con que una marca que identifique un vino incluya o contenga una indicación geográfica que identifique los vinos y que el vino para el que se solicite el registro de la marca no tenga dicho origen. La marca reproduce de forma íntegra la expresión «vega sicilia», que constituye la parte dominante de la serie o familia de marcas Vega Sicilia, anterior al registro de la denominación de origen protegida «Sicilia». Sin embargo, el concepto de familia de marcas no pertenece al ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino únicamente al de los motivos de denegación relativos, de modo que la Sala debe apreciar la marca solicitada en función de las características propias de ésta, sin tener en cuenta las demás marcas de las que sea titular la solicitante de esa marca. Por lo tanto, no puede alegarse la eventual existencia de una familia de marcas para cuestionar una resolución que se funde en el motivo de denegación absoluto del artículo 7.1 j). Aun suponiendo que la recurrente pueda reivindicar la anterioridad por lo que respecta a su marca Vega Sicilia, registrada en 1969 en España, únicamente podría reivindicarla, en su caso, para esta marca existente y no para registrar nuevas marcas, inexistentes en el momento en que se decidió otorgar la protección de la indicación geográfica. Una marca sólo puede registrarse de forma individual y la protección, como mínimo quinquenal, que se deriva de este registro únicamente se le concede a título individual, incluso en el supuesto de un registro simultáneo de varias marcas que presentan uno o varios elementos comunes y distintivos. La serie o familia de marcas no queda registrada en cuanto tal y no puede, pues, disfrutar de protección en cuanto tal. Aun suponiendo que la marca Vega Sicilia sea muy conocida o goce de cierto renombre en la Unión Europea, esta circunstancia no impide denegar el registro, como tampoco lo impide el carácter distintivo de la marca.

(Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, sala sexta, de 9 de febrero de 2017, asunto T-696/15)