Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Seguro sobre personas suscrito por empresa pública (Metro de Madrid). Imposibilidad legal de pago de la prima. Prohibición de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento: resolución/extinción con devolución de prestaciones. La recurrente es una sociedad mercantil pública del ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que le resulta aplicable lo dispuesto en el art. 21.7 Ley 7/2012, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Es irrelevante, a estos efectos, que los derechos suspendidos deriven de un contrato privado, puesto que el mencionado artículo suspende cualquier fuente obligacional que comporte gastos de acción social, entre los que se incluye la póliza colectiva de seguro sobre las personas que tenía como beneficiarios a los empleados de Metro Madrid. En el caso, se trataría de un supuesto de imposibilidad legal de cumplimiento del contrato, en cuanto al pago de la prima, por parte de la tomadora del seguro. Aunque el art. 1184 se refiere a las obligaciones de hacer, se aplica también analógicamente a las obligaciones de dar, ex art. 1182 CC.

Cancelación de vuelo. Enriquecimiento injusto. Primas de seguro. Procede la devolución de las cantidades abonadas en concepto de prima de los seguros de viaje vinculados a los billetes de vuelo reservados, y cancelados unilateralmente por la entidad aérea, primero porque la letra de los términos generales y condiciones de transportes aportado por la misma no se deducen sin más la exclusión de la obligación de la devolución de las primas comercializado y cobrado por la misma entidad y en segundo lugar porque admitir la no devolución de la prima de un seguro vinculado a unos billetes tras la cancelación unilateral de quien emite los billetes, comercializa y percibe las primas del seguro supone una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto , al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado, por decisión de la propia entidad y tercero , al menos en este caso concreto, porque no se ha acreditado que la actora suscribiera esas condiciones generales ni que tuviera conocimiento de la exclusión alegada por la parte.

Procedimiento prejudicial. Propiedad intelectual. Derecho de marcas. Importación paralela. Reenvasado del producto. Nuevo etiquetado. Principios relativos a la limitación del agotamiento del derecho conferido por la marca en el marco de la importación paralela de medicamentos. El titular de una marca puede prohibir la modificación que implica todo reenvasado del producto y que, por su propia naturaleza, cree el riesgo de un perjuicio al estado original del producto (en este caso sanitario) a menos que se cumplan cinco requisitos, a saber:

Transporte aéreo de pasajeros. Reclamación por pérdida de equipaje. Formulación por medios electrónicos a través de un representante de la compañía aérea. Derecho de repetición de la aseguradora. Legitimación activa. El artículo 31.4, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, debe interpretarse en el sentido de que, en los plazos establecidos en el apartado 2 de dicho artículo, la protesta deberá hacerse por escrito, conforme al apartado 3 del citado artículo, so pena de que se declare la inadmisibilidad de todas las acciones contra el transportista. Una protesta, como la controvertida en el litigio principal, registrada en el sistema informático del transportista aéreo cumple la exigencia de forma escrita, prevista en el artículo 31.3, del referido Convenio de Montreal de 1999.

Contrato de seguro. Imposición de los intereses del art. 20 LCS a la aseguradora. Inexistencia de causa justificada para la exoneración del pago. Se impugna por los propietarios del edificio colindante el pronunciamiento de la sentencia que no condena a la compañía de seguros al pago de los intereses del art. 20 LCS porque considera que existe causa justificada para no haber pagado ni consignado indemnización alguna. En concreto, porque entre las estipulaciones del contrato se excluía la cobertura de responsabilidad civil en supuestos como el enjuiciado de daños a colindantes con las obras aseguradas, en el caso de que no se hubiese comprobado que los mismos se encontraban en condiciones satisfactorias y de que no se hubieran tomado las medidas adicionales necesarias para su seguridad. La Sala estima el recurso y declara que la cláusula controvertida no planteaba ninguna duda interpretativa, sino que fue declarada ineficaz y no vinculante en ambas sentencias porque, tratándose de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no cumplía las formalidades exigidas por el art. 3 LCS.

Seguro de responsabilidad civil. Clausulas de delimitación temporal. Fijación de doctrina.

Seguro profesional de arquitecto técnico. Cláusulas de delimitación temporal (claim made) respecto de las reclamaciones dirigidas contra el asegurado durante la vigencia de la póliza. La jurisprudencia, al interpretar el actual párrafo segundo del art. 73 LCS, ha considerado admisibles las cláusulas de delimitación temporal del seguro de responsabilidad civil si cumplen el requisito, como cláusulas limitativas que son según la propia norma, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito, como exige el art. 3 LCS.

Préstamo mercantil sin plazo de restitución. Exigencia de requerimiento notarial. En la instancia se ha declarado probada la existencia de dos préstamos de 50.000 euros cada uno, concedidos por la sociedad demandante a quien fuera entonces uno de sus administradores solidarios, ahora recurrente. La sentencia recurrida considera que este préstamo era mercantil, en atención a que la prestamista tenía la condición de sociedad mercantil, y esta calificación no ha sido cuestionada. El Código de comercio cuando regula el contrato de préstamo mercantil contiene una previsión especial respecto de los préstamos concedidos sin plazo de devolución en el art. 313: «En los préstamos por tiempo indeterminado o sin plazo marcado de vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados treinta días, a contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho». La exigencia de requerimiento notarial debe interpretarse en un sentido amplio y admitirse cualquier otra forma de requerimiento que permita acreditar su existencia y el momento en que se realizó, para que a partir de entonces comience a computarse el plazo de gracia de 30 días para cumplir con la obligación de devolución del préstamo.

Publicidad ilícita. Acción colectiva de cesación. Oferta de préstamos personales y reunificación de créditos por entidades de intermediación financiera. Limitación del espacio publicitario. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ejercitó una acción colectiva de cesación, frente a dos entidades de intermediación financiera por desarrollar una campaña publicitaria a través de un periódico en donde se realizaba una publicidad ilícita, dado que se omitían las condiciones financieras fundamentales de los productos ofertados, los gastos y costes económicos de los mismos y se inducía a un error tanto respecto a la naturaleza del anunciante como entidad financiera o crediticia, como respecto del ahorro real de la operación de reunificación de deudas.

Libre prestación de servicios. Libertad de establecimiento. UBER. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Las disposiciones dictadas por el Consejo de Gobierno, como órgano colegiado del Gobierno, han de ser consideradas como disposiciones emanadas de una administración pública, y como tales, la legitimación que se atribuye a la CNMV incluye la impugnación de los reales decretos del Consejo de Ministros y, en congruencia, su conocimiento corresponde a esta Sala del Tribunal Supremo. Anulación de ciertas restricciones contenidas en el ROTT respecto de las autorizaciones de vehículos con conductor. Admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano para asegurar una modalidad como la del taxi en garantía de interés general, la exigencia de una flota mínima de vehículos (7), ninguna relación tiene con el objetivo del mantenimiento del citado equilibrio en los servicios de transporte urbano, por lo que resulta contraria a derecho, debiéndose anular por ello los dos primeros párrafos del apartado 2 del artículo 181 del ROTT y, en congruencia, la disposición transitoria prevista del Real Decreto 1057/2015. Sin embargo, la previsión de una proporción entre el número de licencias (1/30) se considera sin duda una medida idónea y proporcionada para el mantenimiento del equilibrio perseguido entre ambas modalidades de servicios de transporte, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva.

Acción de responsabilidad social de los administradores. Requisitos. Interrupción del plazo de prescripción por la pendencia de causa penal. Se ejercita por el demandante una acción social de responsabilidad contra la anterior administradora solidaria de una sociedad familiar, hija del demandante, y siendo éste actual administrador mancomunado de dicha sociedad, reclamando una cantidad de la que dispuso la demandada en su propio beneficio y a costa de las cuentas societarias. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero esta fue revocada por la Audiencia provincial, que entendió que se había ejercitado una acción individual de responsabilidad y que el ejercicio de acciones penales anteriores contra la demandada en el proceso civil no habían interrumpido el plazo de prescripción, pues fueron ejercitadas a título individual por hechos anteriores al cese de la demandada. Conforme a los hechos acreditados en la instancia, la administradora mancomunada de la sociedad no atendió el válido requerimiento que le hizo el demandante por acta notarial para que convocase la junta general de la sociedad a los efectos de autorizar el ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a la demandada en su condición anterior de administradora solidaria de la sociedad.