Jurisprudencia de Derecho Penal

Procedimiento penal. Derechos fundamentales. Secreto de comunicaciones. Intervención telefónica. Telecomunicaciones.

Se analiza la conformidad de la Ley 25/2007 de conservación y cesión de datos de tráfico que obliga a los proveedores de servicio a la conservación de los datos de todos los abonados durante el plazo de un año por razones de prevención de la delincuencia grave. Aun cuando la ley 25/2007 pueda ser deficiente en algún aspecto, para afirmar la lesión del derecho reconocido en el artículo 18.3 CE es necesario determinar en cada caso si la injerencia tenía como fundamento indicios de criminalidad, fue necesaria y proporcionada y cumplía con las demás exigencias de toda limitación de derechos fundamentales.

Delitos contra el orden público. Delito de desobediencia. Autoridad o funcionario. Diputado de Parlamento autonómico. Resoluciones del TC.

El delito de desobediencia se comete cuando dolosamente se dejen de cumplir las prevenciones, órdenes y mandatos emanados de una autoridad, dictados en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Una reiterada jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el tipo penal del artículo 410 CP exigiendo que la orden emane de una autoridad competente, que sea una orden directa y terminante, dictada conforme a la legalidad, y que sea conocida por el sujeto obligado a cumplirla quien, de forma expresa, no cumple con obligación impuesta.

Defraudaciones. Delito de apropiación indebida. Elementos.

La estructura típica del delito de apropiación indebida requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

Delito de apropiación indebida. Administración desleal.

La apropiación indebida en su modalidad de "gestión desleal", es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del distractor.

Dos requisitos tan sólo han de concurrir para que esta conducta se integre en el tipo de apropiación indebida:

Lesiones en centro penitenciario. Responsabilidad civil derivada de delito. Responsabilidad Civil de la Administración por falta de vigilancia.

Responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el pago de una indemnización de 547.000 euros reconocida a un preso que quedó en situación de gran invalidez (precisando de la ayuda de terceras personas) como consecuencia de un puñetazo que le propinó otro interno al no haberse acreditado que el centro penitenciario adoptara todas las medidas de prevención y seguridad que las circunstancias exigían para evitar que se produjera la agresión. Se recuerda que la Ley General Penitenciaria señala en su Título Preliminar como uno de sus principios rectores que “la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y la acción enjuiciada se desarrolló mientras los internos subían de dependencias comunes a sus celdas, “lo que supone un movimiento masivo de internos que precisa de una organización especialmente cuidadosa y de unos criterios de vigilancia reforzados.

Delito de alzamiento de bienes e impago de pensiones. Delito de abandono de familia. Responsabilidad civil: pago de indemnización como remedio subsidiario.

El Delito de alzamiento de bienes es un de ánimo tendencial, en orden a dificultar al acreedor la persecución al deudor para hacer efectivos sus créditos. Como resultado de este delito, no se exige una insolvencia real y efectiva, sino una verdadera ocultación o sustracción de bienes que sea un obstáculo para el éxito de la vía de apremio. Y por eso las sentencias de esta Sala, que hablan de la insolvencia como resultado del alzamiento de bienes, siempre añaden los adjetivos total o parcial, real o ficticia. No es necesario hacer la cuenta al deudor para ver si tiene más activo que pasivo, ni es preciso que se tenga que agotar el patrimonio del deudor embargándole uno tras otro todos los bienes para que se consume el delito, siendo suficiente que se sustraigan del patrimonio alguno o algunos bienes que obstaculicen razonablemente una posible vía de apremio.

Delito de falsedad en documento oficial. Título de máster. Atenuante analógica de miedo insuperable. Inducción y autoría mediata.

Falsedad en documento oficial realizado por la directora y profesora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, al falsificar un acta de evaluación del trabajo de fin de máster y la intervención de las evaluadoras que no estaban presentes.

Delito contra la intimidad. Delito de revelación de secretos. Protección de datos personales. Datos sensibles. Historial clínico.

Condenada por un delito de revelación de secretos a 2 años y medio de prisión y a 6 años de inhabilitación absoluta a una enfermera por acceder sin causa justificada, "por curiosidad", al historial clínico de tres pacientes que no tenía asignados en el hospital donde trabajaba, sin que conste que hubiera de realizar maniobra alguna para sortear los sistemas de seguridad del sistema informático. La acusada por su condición de enfermera de dicho centro de salud tenía a su disposición el programa informático MEDORACYL, que recoge la información integral de los pacientes del servicio público de salud, tanto su historial clínico como sus datos personales. El acceso al mismo solo está permitido cuando se trate de un paciente "asignado" al profesional que va a efectuar la consulta o, si se trata de un paciente "no asignado", que tal acceso sea debido a un motivo justificado. No se cuestiona que la autora se valió de su profesión para conseguir el acceso y que no tenía autorización de los titulares de los datos.

Abuso sexual. Corrupción de menores. Red social Tuenti. Secreto de las comunicaciones. Derecho  a la intimidad. Protección de datos.

El acusado realizaba sus propuestas de mantener relaciones sexuales por precio a menores de edad en la red social Tuenti, por la que fue condenado como autor de veinticinco delitos de corrupción de menores tres delitos de corrupción de menores de trece años, dos delitos continuados de corrupción de menores y otros dos de abuso sexual, corrupción de menores y un delito de exhibicionismo y provocación sexual.

Recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario. Requisitos. Progresión de grado.

Concesión del tercer grado penitenciario, a un ciudadano extranjero en situación de irregularidad administrativa.
La pretensión deducida de progresión de grado no es procedente dado el alto riesgo de reincidencia en el delito, la ausencia de efecto intimidatorio de la pena, la situación administrativa de irregularidad en España, la ausencia de cumplimiento de un programa específico de tratamiento, la necesidad de consolidar factores de adaptación significativos para llevar un régimen de vida en semilibertad.