Jurisprudencia

Destaca que el juez no puede paralizar indefinidamente un desalojo forzoso derivado de un acto administrativo firme, pero debe ponderar si se adoptan medidas de protección para las personas vulnerables afectadas.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado en sentencia de 23 de noviembre de 2020 la denegación a la Comunidad de Madrid de la solicitud de entrada en un domicilio, para proceder a su desalojo forzoso, que era propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y que estaba ocupado ilegalmente por una mujer y sus dos hijos de corta edad. El motivo de la decisión de denegar la solicitud es "la absoluta falta de previsión" por parte de la Administración respecto de las medidas de protección para las personas en situación de especial vulnerabilidad que vivían ilegalmente en la casa: no solo los dos niños, sino también la madre, en situación de precariedad económica y presunta víctima de violencia doméstica.

• Aplicación de los intereses por mora a un seguro de asistencia sanitaria tras la reclamación de indemnización por fallecimiento de la asegurada
• Cláusula limitativa de derechos en un seguro de transporte terrestre: robo de mercancía
• La salud pública ampara la prohibición de la comercialización de CBD legalmente producido en otro Estado miembro
• Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

• El TC declara inconstitucional que los decretos de los letrados de la administración de justicia que resuelven la reposición sean irrecurribles
• Los beneficios penitenciarios al conocido como "violador del ascensor" computarán sobre 96 años de cárcel
• El origen ilícito de los bienes decomisados en proceso penal, ha de estar acreditado mediante indicios
• Valor de las fotocopias en relación con el delito de falsedad documental

• Extinción de fianza por hechos del acreedor en perjuicio de los derechos del fiador ex artículo 1852 del Código civil
• Comunidad de bienes y sus diferencias con el contrato de sociedad. Capacidad para ser parte
• Contrato de arrendamiento de obra y la figura del project manager (gestor de proyectos)
• Competencia sobre acciones por abuso de posición dominante en el marco de una relación contractual

• La obligatoriedad de llevar mascarilla no vulnera derechos fundamentales
• Nulidad de preceptos del Reglamento de Transportes terrestres
• Justiprecio en expropiaciones y valoración suelo rural según precios de mercado
• Restricciones sobre el derecho de asociación y de Libertad Religiosa
• El TC declara inconstitucional la clasificación de las infracciones de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de consumidores y usuarios

Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés.

La Sala Primera ha notificado hoy las sentencias dictadas en cuatro de los asuntos que se deliberaron en el Pleno de 21 de octubre de 2020 y cuyo fallo fue adelantado en esa fecha.

• Alcance de la incomunicación de los testigos para no quedar condicionados en su declaración en el proceso penal
• Existencia de un solo delito de violencia doméstica habitual, con independencia del número de personas afectadas
• Determinación de los criterios de imprudencia grave, menos grave y leve en la conducción de vehículos a motor
• Delito de malversación de caudales públicos y reconocimiento de sentencias extranjeras

• Responsabilidad por daños en el transporte multimodal internacional con conocimiento de embarque
• El prestamista no puede obligar al prestatario, a cambio de una ventaja individualizada, a domiciliar ingresos desligados de las condiciones del préstamo
• Es contrario al Derecho de la UE excluir de la remuneración por comunicación pública a artistas, intérpretes o ejecutantes no pertenecientes al EEE
• Determinación del precio a pagar por servicios digitales prestados antes del ejercicio del derecho de desistimiento
• No puede desistirse de un contrato de suministro de bienes a media o customizados incluso si el comerciante no ha iniciado su confección

• Extinción del uso de vivienda familiar atribuida a los hijos menores y a la madre al haber contraído esta nuevo matrimonio
• Aumento de la renta del alquiler por repercusión de obras impuestas por la Administración
• Demanda sobre reconocimiento de la nacionalidad de origen. Conflictos de competencia entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional
• Suficiencia del poder otorgado para hipotecar aunque no se haya especificado la finca concreta que puede hipotecarse
• Concreción de los hechos jurídicamente relevantes en las demandas contra el honor
• Procedimiento de nulidad del contrato de venta de acciones de sociedades de Banco Popular

• Responsabilidad patrimonial por prisión indebida
• Títulos habilitantes que autorizan la actividad de transporte público de mercancías
• Las limitaciones territoriales o temporales en la declaración de zona de gran afluencia turística es una restricción al ejercicio de una actividad económica
• Las Comunidades Autónomas no podían limitar las licencias VTC sin esperar a que se dictase el reglamento de desarrollo de la Ley 9/2013