Jurisprudencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria.

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F y anulan la disposición adicional 5ª de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución al discriminar a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehícular ya que éstos últimos reciben más horas de docencia en inglés.

• Garantías de las declaraciones de testigo, que pasa a continuación a ostentar la condición de imputado o investigado
• Naturaleza y requisitos del instituto de la conformidad en el proceso penal y su afectación por una nulidad posterior de las pruebas
• El delito de conducción etílica se produce con una conducción con una tasa superior a la objetivada con un desplazamiento aunque sea escaso
• El delito de prevaricación administrativa omisiva, es admitido por la doctrina jurisprudencial de forma clara
• La reforma del delito de hurto de 2015: no pueden operar en la multirreincidencia los antecedentes penales por delitos leves
• Diferenciación entre ilícito civil y estafa y la exigencia típica del engaño «bastante»

• Pagaré en blanco como instrumento de garantía de cumplimiento obligacional. Carga de la prueba
• La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar los gastos de notaría y registro de una hipoteca
• Contrato bancario. Nulidad de contrato y plazo de ejercicio de la acción
• Naturaleza y alcance de la limitación temporal dispuesta para el plazo de pago en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre
• Créditos contra la masa: proceso iniciado antes de la declaración de concurso y continuado en interés del mismo

• Celebración y grabación de plenos municipales como derecho a la libertad de información y participación política
• Conformidad a derecho de la medida de restricción de horarios de determinados establecimientos en caso de incumplir niveles zonales de ruido en Madrid
• La administración debería haber notificado al interesado por medio del teléfono que constaba en la solicitud de participación del proceso selectivo.
• El principio de igualdad de trato en la contratación pública comunitaria

• El Supremo establece como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso
• Aplicación del arancel de los derechos del procurador
• Unificación de doctrina. Relación de parentesco por consanguinidad y por afinidad a efectos del impuesto de sucesiones
• Derecho de un padre a escolarizar a su hija en un colegio no religioso en contra del criterio de la madre
• Prescripción: elevación a público de documentos privados
• Protección de datos: datos necesarios para iniciar una acción civil

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un hombre, absuelto en procedimiento de tribunal del jurado por un doble asesinato, como consecuencia de la demanda de tutela de derecho al honor y a la propia imagen formulada frente a un periódico y sus redactores por la publicación de un artículo en el que se recogía la información de la absolución del acusado -sin mencionar su nombre y apellidos- acompañado de una fotografía de este tomada lícitamente en el acto del juicio.

El demandante solicitaba la condena del medio y de los periodistas a indemnizar el daño moral con la suma de 122.000 euros, y a retirar tales archivos de «medios informáticos como buscadores y redes sociales».

La Sala Primera argumenta que si el consumidor, a pesar de ganar el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las primeras instancias se produciría un efecto disuasorio

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, se ha pronunciado por primera vez sobre la imposición de costas de las instancias anteriores tras la estimación del recurso de casación interpuesto por un particular, con la consiguiente obligación de restitución de la totalidad de las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula suelo declarada nula, con completo efecto retroactivo, tras ajustar la sala su doctrina a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

• Contratos administrativos: intereses de demora por abono tardío de la certificación final de obra
• Denegaba la solicitud de visado de reagrupación familiar en régimen comunitario, al no quedar acreditado que dependa económicamente de su madre. Interpretación del término "familiar a cargo"
• Denegación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones
• Doctrina constitucional sobre el art. 18.2 de la CE respecto de las personas jurídicas

• Privan de la patria potestad a un padre que no ha tenido contacto con su hijo en los últimos ocho años
• El ejercicio del derecho de rectificación puede incluir juicios de valor
• Renuncia al ejercicio de acciones de saneamiento por vicios ocultos en la compraventa de viviendas al INVIFAS
• Derecho de visitas del progenitor que reside en el extranjero
• El desistimiento unilateral sin causa del arrendatario no basta para la resolución del contrato de arrendamiento
• Orden de los apellidos del menor en caso de desacuerdo de los progenitores

• Resolución de contrato de compraventa por incumplimiento de la vendedora posterior a su declaración de concurso
• Indemnización en un contrato de distribución en exclusiva resuelto unilateralmente por el concedente
• Las autoridades de supervisión de seguros no pueden prohibir nuevos contratos por la falta de reputación, aunque si por falta de honorabilidad de los directivos de la empresa de seguros
• La vulneración de un pacto de no concurrencia no es un acto de competencia desleal