Jurisprudencia

Los magistrados concluyen, por unanimidad, que la existencia de una sentencia firme determina que no se pueda dar lugar a la petición del recurrente.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por auto de 9 de enero de 2020, la petición del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que declaró la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo de dicha persona al concurrir en él la causa de ineligibilidad sobrevenida del artículo 6.2.a) de la LOREG como consecuencia de su condena a 13 años de pena de privación de libertad en la causa del procés. La Sala tramitará ahora el incidente como medida cautelar ordinaria de suspensión, en la que se da traslado de alegaciones por cinco días a la Junta Electoral Central antes de decidir.

• Concepto de “orden de detención europea” y exigencias mínimas de las que depende su validez
• El TS absuelve a una jugadora en grupo de lotería que no compartió el premio especial a la fracción
• La Audiencia Provincial de Burgos condena por agresión sexual a los exjugadores del Arandina
• El delito de acoso solo puede cometerse sobre personas físicas

• Responsabilidad patrimonial de la administración por ataques de lobos a ganaderos
• La inmunidad parlamentaria de Junqueras la tenía desde que fue oficialmente proclamado electo al Parlamento Europeo aun encontrándose en prisión provisional
• Inconstitucionalidad mediata de la transformación urbanística de los terrenos pertenecientes a la red Natura 2000 en Extremadura
• Cese del Vicepresidente y los Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del personal eventual adscrito, ex 155 CE

• La venta de libros electrónicos de segunda mano a través de un sitio de Internet es una comunicación al público sujeta a la autorización del autor
• Concurso de acreedores y clasificación de los créditos por gastos comunes de las fincas en régimen de propiedad horizontal
• Los daños causados al inmueble por un vehículo incendiado aparcado en el garaje son de cuenta de la aseguradora del vehículo
• Acción individual de responsabilidad por cierre de hecho de la sociedad sin practicar operaciones de liquidación
• Responsabilidad por deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución y anteriores al nombramiento del nuevo administrador

• Plazo de caducidad de cuatro años para la acción de impugnación por desheredación injusta
• Contrato de aprovechamiento por turno. Club de vacaciones
• Intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía de una persona en prisión preventiva, obtenida de su perfil de Facebook

La sentencia de 19 de diciembre del Pleno de la Sala Primera, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había apreciado intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía, obtenida del perfil de Facebook, de una persona detenida e ingresada en prisión por una acusación de abusos sexuales a menores.

La Sala considera que la exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquel. Estos derechos solo han de sacrificarse en la medida en que resulte necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática.

En la sentencia prejudicial Junqueras Vies (C-502/19), dictada el 19 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, ha precisado el alcance personal, temporal y material de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo¹.

En este asunto el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 9 del Protocolo. Estas cuestiones surgieron en el contexto de un recurso interpuesto por un político electo al Parlamento Europeo en las elecciones de 26 de mayo de 2019 contra un auto que le denegaba un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario en el que se encontraba recluido. Antes de la celebración de estas elecciones se había acordado la situación de prisión provisional del interesado en el marco de un proceso penal promovido contra él por su participación en la organización del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La sentencia de 19 de diciembre de 2019, fija un año y seis meses de inhabilitación especial para cargo público electo local, autonómico, estatal y europeo. El fallo le impone una multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros y pago de las costas excepto las derivadas de la acusación popular.

El Tribunal de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el pasado 18 de noviembre vio en vista oral y pública el juicio por delito desobediencia al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, ha dictado sentencia por la que le condena como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, art. 410 del Código Penal.

La sentencia le impone la pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros (cantidad fijada en relación a su capacidad adquisitiva) así como un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo. El fallo le condena también al pago de las costas procesales, a excepción de las derivadas de la acusación popular.

• Tráfico de heroína y cantidades impunes por ser destinadas al consumo propio
• Excusa absolutoria del art 268.1 CP para los delitos patrimoniales entre parientes
• Atenuante especifica del delito de malversación de reparación o de colaboración activa con las autoridades

• Distinción entre cláusulas de delimitación del riesgo y cláusulas limitativas de derechos en un seguro de personas cumulativo
• Préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera
• Acción individual de responsabilidad frente al administrador por cierre de hecho sin practicar operaciones de liquidación
• No constituye un desequilibrio importante ni es contraria a la buena fe ni falta de transparencia la cláusula de un contrato de préstamo que no precisa ni identifica claramente los servicios prestados
• La exclusión del Derecho Societario de la aplicación del Convenio de Roma y del Reglamento Roma I no ampara un contrato fiduciario de administración de participación social