Jurisprudencia

La Sala Segunda señala que no se requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido, que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La sentencia de 15 de noviembre de 2017, adapta la doctrina de la Sala Primera a la jurisprudencia del TJUE, que en el caso Banif Plus Bank (sentencia de 3 de diciembre de 2015) consideró que las operaciones de cambio de divisa, accesorias a un préstamo que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un instrumento financiero distinto del propio préstamo, sino únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste. Dado que la definición de los instrumentos financieros a efectos de la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión (Directiva MiFID), que los tribunales españoles deben aplicar de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, se concluye que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.

• Responsabilidad penal de personas jurídicas cuando existe sentencia de conformidad de los administradores de la misma
• Condena por un delito de tráfico ilegal de órganos
• Casación por quebrantamiento de forma. Principio acusatorio
• Delitos contra los derechos de los trabajadores en abuso de la situación de necesidad
• Resistencia a los agentes de la autoridad. Lesiones como delito leve

• Oposiciones a funcionarios. Vulneración de la garantía del anonimato en la corrección de ejercicio práctico
• Procedimiento de revisión de sentencia basada en otra sentencia anterior
• Régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Nulidad de precepto
• Impugnación indirecta. Nulidad de preceptos de la Ordenanza Reguladora del Taxi de la Ciudad de Madrid

• Pautas para el juicio sobre riesgo de confusión de dos marcas comerciales
• El orden de prelación de pago establecida en el art. 176 bis.2 LC en casos de insuficiencia de masa activa no comunicada
• No es necesaria la previa declaración de una cláusula como abusiva en la vía civil para imponer una sanción administrativa
• Fallecimiento de pasajero, cónyuge del conductor responsable. Exclusión del derecho a percibir indemnización
• Concentración de empresas. Sometimiento a control conjunto y desempeño de funciones propias de una entidad económica autónoma

• Carácter condicional de la acción de desahucio por falta de pago de las rentas de un arrendamiento
• Condena de Banco por incluir a un cliente hipotecado en el registro de morosos
• Acción de división de cosa común procedentes de una herencia sin acuerdo entre los coherederos
• Condenada por intromisión ilegítima en el honor a la edil por sus comentarios en las redes sociales tras la muerte del torero Victor Barrio
• Límites del contrato de mandato para subsanar, modificar o completar una escritura pública de hipoteca
• Ejecuciones hipotecarias. Decaimiento de la legitimación activa del cedente a fondos de titulización

Los encausados ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, en su sentencia de 23 de octubre de 2017, las penas de hasta seis años de prisión por un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España, que vivía de la mendicidad, por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.

Para el Tribunal Supremo, no es admisible una actuación por vía de hecho “dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante”.

• Condiciones que se han de tener en cuenta para establecer la pensión compensatoria por desequilibrio económico con duración indefinida
• Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia no son susceptibles de error judicial, sino de reclamaciones por mal funcionamiento de la administración de justicia
• Revisión de sentencia firme por ocultación maliciosa del domicilio del demandado a efectos de citación al juicio
• Legitimación del precarista para el ejercicio de la acción indemnizatoria derivada de la responsabilidad por culpa extracontractual
• Allanamiento de la entidad bancaria en procedimiento de nulidad de cláusula suelo: no imposición de costas
• Denegación de la custodia compartida por traslado de domicilio de uno de los progenitores
• El TS confirma que un periodista vulneró el derecho al honor de Pablo Iglesias

• Requisitos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
• Uso del twitter para el enaltecimiento del terrorismo y el discurso del odio
• Posibilidad de concurso real de los delitos de lesiones y de maltrato habitual del CP
• Delito continuado de defraudación a la Seguridad Social. Infracciones cometidas con anterioridad y posterioridad a la LO 7/2012 y problemas de régimen transitorio

• Obligación de los opositores a la Administraciones Pública de indagar acerca de la existencia de causas legales de exclusión en los miembros del tribunal
• Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por retraso en el diagnóstico
• Denegación de compensación por privación de valor al dinero republicano tras el inicio de la Guerra Civil
• Impugnación del Real Decreto 413/2014, sobre producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables