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El Consejo de Ministros de 14 de octubre, ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española. Concretamente, se pretende incorporar un nuevo apartado cuarto al artículo 43 con la siguiente redacción: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Este apartado se incluirá en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, que será remitido al Congreso de los Diputados para proseguir con su tramitación parlamentaria.

Este proyecto normativo adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en varias leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).

Se trata de una actualización del triple escudo digital europeo, compuesto por los Reglamentos de Inteligencia Artificial, Servicios Digitales y Libertad de Medios basada en la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales y el Artículo 20 de la Constitución Española.

Se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía con la Orden PJC/797/2025, de 21 de julio, publicada en el BOE de 24 de julio.
Esta convocatoria, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, no contiene limitación del número de plazas y será única, gratuita e idéntica para todo el territorio español.

El programa que ha de regir la evaluación es el que figura en el anexo de la convocatoria y podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:

• título de Licenciado/a en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de grado equivalente con anterioridad al inicio del curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía;
• Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, o quienes hayan superado actividades formativas para el acceso a esa profesión y a la Procura, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 64/2023 y el período de prácticas externas tuteladas
• Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por razones de fuerza mayor, a la vista del del apagón eléctrico sufrido ayer en España y como continuación al acuerdo tomado en la noche de ayer, ha acordado suspender durante los días 28 y 29 de abril de 2025 los plazos previstos en las leyes procesales en los órganos judiciales de toda España.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial se ha publicado un comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por razones de fuerza mayor, a la vista del del apagón eléctrico sufrido ayer en España y como continuación al acuerdo tomado en la noche de ayer, ha acordado lo siguiente:

El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, que hilvana, en seis artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos finales, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado por el Gobierno de España.

Este Plan pretende mitigar los impactos negativos del shock arancelario favoreciendo la inversión productiva y facilitando la liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas. Las medidas contenidas en este Plan van destinadas a ayudar a las empresas españolas a adaptarse a la nueva situación, protegiendo la economía y garantizando a los trabajadores y empresas el apoyo necesario para que el impacto sobre la actividad sea el mínimo posible e, incluso, puedan aprovechar esta oportunidad para abrir nuevos mercados.

El artículo 1 aprueba de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras para atender necesidades de liquidez o de inversión derivadas de la imposición por Estados Unidos de aranceles a la importación, cuyo régimen de cobranza y garantías se regula en el artículo 2, siéndole aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Órgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que incluye control parental gratuito.

La norma responde a un compromiso asumido por el Gobierno: proteger a las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital, garantizando su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, la protección de sus datos personales o el acceso a contenidos adecuados para su edad.

Se trata de una iniciativa pionera en Europa, ya que el proyecto prevé la reforma del Código Penal para penalizar tanto los deepfakes (ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento) de contenido sexual, como el grooming (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad), que será un agravante para ciertos delitos sexuales. Se incorpora también la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, que evitará, en gran medida, tanto la revictimización como la reincidencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de marzo, el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que busca garantizar un uso de la Inteligencia Artificial que sea ético, inclusivo y beneficioso para las personas. Este instrumento normativo adaptará la legislación española al reglamento europeo de IA, ya en vigor, bajo un enfoque regulador que impulsa la innovación.

El Anteproyecto de Ley, que se tramitará por la vía de urgencia, seguirá ahora los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como Proyecto de Ley y envío a las Cortes Generales para su aprobación.

Orden PJC/233/2025, de 7 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2025, publicada en el BOE de 12 de marzo.

Esta convocatoria, no contiene limitación del número de plazas y la prueba es gratuita y será única e idéntica para todo el territorio español. El programa que rige la evaluación es el que figura en el anexo de la Orden mencionada.

Como requisitos para poder realizar la prueba, se precisa, estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de grado equivalente, con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía. Se debe haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión a la fecha en que se realice la prueba.

El Consejo de Ministros  de 4 de marzo, ha aprobado el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, por el que se transpone la Directiva europea sobre la materia y se modifica la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011/ y la Ley de contratos de crédito inmobiliario /Ley 5/2019). El proyecto una vez aprobado por el Gobierno será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica garantizando que se respetan sus derechos, y se les ofrecen soluciones para afrontar sus deudas. Asimismo, se favorece la estabilidad financiera, facilitando que las entidades financieras puedan vender sus carteras de créditos, permitiéndoles sanear sus balances y mejorar su solvencia.