Jurisprudencia

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo de un condenado por violencia de género, que afirmaba que se habían vulnerado sus derechos porque los órganos judiciales no aplicaron la dispensa de la obligación de declarar en juicio que la ley reconocía a su expareja, denunciante en el proceso penal.

El 24 de septiembre de 2000, Hamza Mouri fue condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela a una pena de diez meses y quince días de prisión por haber agredido a su entonces pareja, causándole lesiones. 

La Audiencia Provincial de Alicante rechazó el recurso de apelación y confirmó la pena de prisión impuesta por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Agotada la vía judicial, el condenado acudió en amparo al Tribunal Constitucional. 

• Desestimación de la impugnación del segundo nombramiento del Fiscal General del Estado
• Legitimación del acreedor hipotecario. Concesión de obra. Resolución por insolvencia. Cantidades en depósito
• Liquidación de contrato administrativo por nulidad de procedimiento
• Concesión de aguas subterráneas y previa evaluación de impacto ambiental

• La expedición del testimonio del decreto de adjudicación produce la tradición simbólica prevista en el artículo 1.462.2 del Código Civil
• Validez del pacto de renuncia al ejercicio de acciones relacionadas con la cláusula suelo. Control de transparencia
• Retracto arrendaticio urbano en transmisiones de la totalidad del inmueble donde se ubican los pisos arrendados
• Procedimiento idóneo para obtener el lanzamiento del fiador que no es deudor hipotecario, ni hipotecante deudor

• Diferencia entre seguro de accidentes y seguro de vida con cobertura de invalidez
• Acción de indemnización por la compra de bonos convertibles en acciones
• Procedimientos de infracción en prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Plazo razonable
• Suspensión de oficio del procedimiento por infracción de marca de la UE al interponerse demanda de nulidad de la marca

La acusación y la defensa podrán consultar las grabaciones, si lo precisan, en la sede del órgano judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta en el alto tribunal por posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia del COVID en la que está investigado, entre otros, el exministro José Luis Ábalos, ha dictado hoy un auto en el que acuerda, en relación con las declaraciones de testigos e investigados, entregar a las defensas y acusaciones solo la trascripción de las mismas.

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que se pronuncia sobre la falta de transparencia y la abusividad de la cláusula del contrato de tarjeta de crédito que fija el interés remuneratorio, evaluada conjuntamente con las que establecen el sistema de amortización revolving.

La Sala recuerda que el crédito revolving es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota (habitualmente, mensual) por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente. El riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar, hace preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno.

El alto tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratificó a su vez la dictada por la Audiencia de Madrid que absolvió al acusado de los delitos contra la libertad de conciencia y de profanación y daños en tumba, y considera que dicha conclusión fue “razonable y motivada”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos contra la absolución de un hombre que pintó una paloma de la paz de color rojo, con el texto “por la libertad”, sobre la tumba de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos el 31 de octubre de 2018.

El Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratificó a su vez la dictada por la Audiencia de Madrid que absolvió al acusado de los delitos contra la libertad de conciencia y de profanación y daños en tumba, y considera que dicha conclusión fue “razonable y motivada”.

• Las hipótesis utilizadas para calcular la tasa anual equivalente (TAE) deben mencionarse explícitamente en el contrato de crédito al consumo
• El requisito adicional de un «acuerdo firmado por el pasajero» para reembolsar la cancelación de un vuelo en bonos de viaje
• Posible nulidad por usura de micro préstamo y mala fe procesal del demandante por abuso del proceso
• Acción de nulidad por error vicio en la contratación de un swap

• La legitimación activa de las organizaciones de consumidores no decae en caso de inversiones en productos financieros de alto valor económico
• Falta de ejercicio de función jurisdiccional por el órgano judicial en la emisión de un certificado sucesorio europeo
• Desahucio arrendaticio por expiración del plazo. Prórroga de arrendamiento extraordinaria
• Gastos hipotecarios indebidamente abonados por la parte prestataria

• Derecho de acceso a los cargos públicos. Causa de inelegibilidad sobrevenida
• El poder adjudicador no puede invocar la protección de derechos exclusivos en el procedimiento negociado sin publicidad si la razón de la protección le es imputable
• Notificaciones administrativas electrónicas a personas jurídicas
• Protección de datos y derecho al olvido con la publicidad de las sentencias