Jurisprudencia de Derecho Penal

Delito contra la hacienda pública. Consumación. Prueba.

Posibilidad de aportación de documentos durante el juicio, al amparo del artículo 729.3 LECrim para corroborar la declaración de un perito y siempre que no se cause indefensión. Se admite la posibilidad de proponer la práctica de pruebas con posterioridad al escrito de calificación, siempre que exista una causa justificada para ello, no implique un fraude procesal y no constituya un obstáculo al principio de contradicción. Requisitos para denegar en el juicio pruebas ya admitidas previamente, señalándose que para resolver en casación sobre una denegación de prueba no basta con valorar su pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. La superfluidad de la prueba, constatable a posteriori, convierte en improcedente, por mor del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, una anulación de la sentencia por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva.

Apropiación indebida. Delito continuado.

Se imputa al acusado haber procedido, en su condición de representante legal de la entidad adjudicataria del parking a concertar contratos mensuales de 24 horas con distintos abonados del estacionamiento, recibiendo los pagos mensuales en efectivo, en cantidad inferior a las tarifas fijadas, sin comunicar esos contratos verbales a la entidad titular del parking, entregando a los clientes un recibo firmado por el mismo, sin liquidar cantidad alguna por los mismos con la titular del parking, quedándose para si todo el dinero recibido.

Proceso penal. Reglas de exclusión probatoria. Dispensa de declarar contra determinados parientes. Atenuante de reparación del daño. Abuso sexual.

Reglas de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida y de la prueba derivada de una prueba practicada con violación de los derechos fundamentales. Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado".

Delitos leves de hurto. Robo de uso de vehículo de motor. Sustracción y utilización sin autorización.

Utilización de vehículo de motor ajeno sin la debida autorización. La conducta típica consistente en utilizar el vehículo a sabiendas de que es sustraído, aunque no quede englobada en la modalidad de sustracción sino en la de utilización, resulta compatible con el tipo agravado del artículo 244.2 cuando ese uso ulterior se realiza utilizando las llaves que han sido sustraídas.

Agravante de discriminación por razones de género.

La concurrencia de una circunstancia de agravación de discriminación por razones de género exige de un aditamento, que se concreta en una base fáctica que permita deducir que el comportamiento de quien agrede, cuenta con el plus de antijuridicidad que conlleva el que sea manifestación de la grave y arraigada desigualdad que perpetúa los roles asignados tradicionalmente a los hombres y las mujeres, conformados sobre el dominio y la superioridad de aquellos y la supeditación de éstas.

Delitos relativos al mercado y a los consumidores. Delito societario de falseamiento de cuentas. Delito de estafa. Administración desleal

Se absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, CNMV, FROB y EBA, y el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera y en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. La información financiera incluida en el Folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando; una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el Folleto.

Delito contra la ordenación del territorio. Demolición. Motivación.

Delito contra la ordenación del territorio por la construcción de una caseta ilegal. La demolición deberá acordarse cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación y no sean legalizables o subsanables o en aquellos supuestos en que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o requerimientos de la Administración, y, en todo caso, cuando al delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de desobediencia a la autoridad administrativa o judicial.

El artículo 319.3 señala que en cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario.

Delito de trata de seres humanos. Afectación de varias víctimas. Concurso real.

En el delito de trata de seres humanos, el acuerdo del Pleno no jurisdiccional para unificación de criterios de 31 de mayo de 2016 obliga a sancionar "tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real". Esta respuesta jurisprudencial es lógica ya que la dignidad y la libertad de la persona han venido definiendo el bien jurídico protegido y las sucesivas reformas aprobadas por las leyes orgánicas 5/2010, 22 de junio y 1/2015, 30 de marzo, en cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2011/36/UE y del Protocolo de Palermo del año 2000, han enriquecido el espacio de protección.

Recurso de revisión. Motivos. Doble condena.

El llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario, excepcional, con el que se pretende encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto de la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas Sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados.

El recurso de revisión penal al amparo de lo dispuesto en el art. 954.1.c) tras la modificación llevada a efecto por la Ley 41/2015, de 5 de octubre posibilita el recurso "cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. Efectivamente en este caso las acusadas fueron condenadas por los mismos delitos en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes, produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem.

Delito de malversación de caudales públicos. Cooperador necesario. Delito de prevaricación. Concurso real.

Delitos de prevaricación administrativa del art. 404 CP y de malversación de caudales públicos del art. 432 CP cometidos por Autoridad y funcionarios públicos con cooperación de particulares. No procederá computar los intereses desde la fecha del delito.

En cuanto a la admisión como delito de malversación de caudales públicos, el tipo no exige como elemento del mismo el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existe aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero.