Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.
Para evitar el riesgo de vulneración del principio ‘non bis in ídem’
La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de una acusación particular agrupada y de FACUA-Consumidores en Acción contra la decisión de la Audiencia Nacional de trasladar a las autoridades judiciales de Alemania el procedimiento penal seguido en dicha sede judicial española para depurar eventuales responsabilidades derivadas de la comercialización en España de vehículos con motores Volkswagen en los que se habría instalado un software que detectaba cuando el automóvil estaba en un banco de pruebas, para así disminuir la emisión de gases contaminantes, y que recuperaba su nivel, muy superior al legalmente permitido, en cuanto retomaba su uso habitual.
La Sala Primera ha aplicado por primera vez, en esta sentencia del Pleno, la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La sentencia aplica el régimen transitorio de la ley y analiza los elementos esenciales de la reforma y, en particular, el régimen de provisión de los apoyos que las personas con discapacidad puedan precisar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.
El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos dejados de percibir desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado)
La Sala III del Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de julio de 2021, ha rechazado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Francisco D.A.S.C. contra la desestimación por el Consejo de Ministros de su reclamación de 516.635 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, que derivaría de lo que consideró privación indebida de la condición de magistrado durante más tiempo del establecido en la sentencia que le condenó penalmente por delito de prevaricación.
El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado), por las retribuciones de magistrado dejadas de percibir en ese periodo, así como por daños morales. De su demanda se deducía que imputaba como causantes de tales daños al Consejo General del Poder Judicial, a la Sala II del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.
