Jurisprudencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dicta dos sentencias donde establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio no está sometido a las normas de la competencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio, cuya organización compete a los Colegios de Abogados, no está sometido a las normas de la competencia.

En la sentencia de 15 de julio de 2019, el tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita. En la otra sentencia de 1 de julio de 2019, confirma la anulación de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara también por conductas anticompetitivas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, mediante sentencia de 2 de julio, ha resuelto varias cuestiones novedosas en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

La primera de ellas es qué ha de entenderse como “deudor de buena fe”, para lo cual la sala se remite a la concurrencia de los requisitos heterogéneos enumerados en el artículo 178 párrafo tercero, desvinculándolo del concepto general del artículo 7.1 del código civil.

La segunda de las cuestiones se refiere a la posibilidad o imposibilidad de modificar las vías que la ley prevé como alternativas en el artículo 178 bis 3.4º -exoneración inmediata- o 5º- exoneración diferida en el tiempo-. La sala considera que no existe inconveniente en que el deudor opte sobrevenidamente por la alternativa del ordinal 5º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de tal alternativa.

• Delito societario de lesión de derechos sociales de participación e información a los socios
• Basta con usar un enganche ilegal de electricidad para consumar el delito de defraudación de energía eléctrica
• Doctrina jurisprudencial sobre el delito de intrusismo
• Delito continuado de estafa con bitcoins e indemnización al ser activo inmaterial

El Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de julio de 2019, ha condenado a 16 años y 11 meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su pareja al tiempo que le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Además de un delito de agresión sexual -8 años de prisión-, la Sala le considera autor de dos delitos de lesiones graves -4 años de prisión por cada uno de ellos-, un delito leve de injurias -20 días de localización permanente- y un delito de maltrato con lesiones leves -11 meses de prisión-. El tribunal modifica la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Vizcaya -17 años y 9 meses-, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al absolverle de un delito de amenazas.

Los hechos probados recogen que el condenado le había agredido previamente causándole numerosas lesiones. Así, consta probado que "en un momento agarró por el cuello a la mujer, apretando fuertemente, lo que tuvo el efecto de asfixia, aturdiendo o perdiendo momentáneamente la noción o el conocimiento la víctima, y en el instante en que lo recupera, se encuentra al condenado sobre ella, habiéndola penetrado vaginalmente, al tiempo que le agarraba de las muñecas sujetándola, y le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Durante los hechos el condenado también le insultó y maltrató con carácter previo a la violación.

• Propiedad horizontal. Consideración como materia contractual del acuerdo de junta de propietarios sobre la obligación del pago de gastos
• El Tribunal Supremo declara que la sociedad de gananciales se extingue desde la sentencia de divorcio
• Reivindicación de bienes calificados de patrimonio histórico y cultural subastados
• El pago de la legítima estricta de los descendientes comunes no puede quedar sujeto a plazo

• El Supremo resuelve cuestiones novedosas sobre el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso de acreedores
• El Supremo reitera la responsabilidad de Bankia por ofrecer información gravemente inexacta en el canje de preferentes por acciones
• Restricciones al juego realizadas en la cuenta de un usuario por sus excesivas ganancias
• Impugnación judicial de acuerdos sociales y legitimación pasiva del procedimiento

• La obligación de los operadores de telecomunicaciones de ámbito supraautonómico de financiar RTVE
• El arbitraje, la conciliación y la representación y defensa procesales se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva sobre contratación pública
• Solicitud de prórroga de autorización de residencia temporal de extranjeros
• Protección de datos y libertad de información en relación al derecho al olvido en internet

En su sentencia de 20 de junio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

• Concepto de “circulación de vehículos” para la cobertura del seguro obligatorio de vehículos
• Convocatoria judicial de junta general extraordinaria a instancia de los socios de una sociedad anónima
• Doctrina sobre el procedimiento del artículo 38 de la Ley del contrato de seguro para la liquidación de daños

• Compatibilidad de la declaración de extradición declarada con la solicitud de asilo y condición de refugiado
• Legitimación del denunciante para recurrir una sanción intentado elevar la misma y concepto de interés legítimo
• El Constitucional anula la habilitación a los partidos para recopilar datos sobre opiniones políticas
• Fijación de precios máximos para gases licuados del petróleo y su compatibilidad con el mercado interior. Principio de proporcionalidad