Jurisprudencia

La sentencia recuerda que la sala ha distinguido entre la acción por la que se solicita la nulidad del contrato, que no caduca ni prescribe en el caso de tratarse de una nulidad absoluta, y la acción de restitución de las cosas y el precio entregados recíprocamente por las partes al ejecutar el contrato nulo, que es una acción de naturaleza personal sometida al plazo de prescripción previsto.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del usuario de una tarjeta revolving y condena a la demandada a restituirle lo pagado en exceso respecto del capital dispuesto, durante el plazo de 5 años y 82 días anterior a la formulación de la reclamación extrajudicial, con los intereses devengados desde la fecha de cada pago.

La cuestión controvertida en casación se circunscribe a decidir si la acción de restitución de las cantidades pagadas en exceso sobre el capital entregado en un préstamo o crédito usurario está sujeta a prescripción; y, caso de ser así, cuál debe ser el dies a quo [fecha inicial] del plazo de prescripción.

• Falsedad en documento oficial y su diferenciación con la usurpación de estado civil
• Valoración de la prueba pericial en el proceso penal
• Posibilidad de aplicación del subtipo atenuado de tráfico de drogas cuando hay notoria importancia
• Requisitos para apreciar la unidad natural de acción en el derecho penal

• Cláusulas contractuales que extienden el plazo de pago más allá de 60 días
• Tasa anual equivalente sobreestimada al declararse determinadas cláusulas como abusivas
• Concurso de acreedores y crédito con privilegio especial por garantía hipotecaria
• Procedimiento pericial para dirimir una controversia entre las partes de un contrato de seguro

• Nulidad del Reglamento sobre acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura
• Orden de demolición de infraestructuras de un aprovechamiento hidráulico por fin de la concesión
• Competencia para incoar el deslinde administrativo asociado a una expropiación de finca
• Intereses y computo inicial de los mismos por impago en un contrato administrativo

• Relación personal del menor con sus abuelos y voluntad de los menores
• Reducción de donaciones por inoficiosas de legitimario que repudio la herencia y perdió su condición
• Derecho al honor que un político entiende vulnerado por un relato de ficción en el que cree que se le identifica
• El ejercicio de la función correctora sobre abogados y procuradores por los letrados de la administración de justicia no tiene carácter jurisdiccional

Ello puede ser así incluso cuando la gravedad individual del incumplimiento de esta obligación y sus consecuencias para el consumidor puedan variar según los casos

Lexitor es una sociedad polaca de gestión de cobro a la que un consumidor cedió sus derechos derivados de un contrato que había celebrado con un banco. Esta sociedad afirma que el banco incumplió su obligación de información al consumidor en el momento de la celebración del contrato. Lexitor acudió a un órgano jurisdiccional polaco para reclamar al banco el pago de una cantidad de dinero correspondiente a los intereses y gastos pagados por dicho consumidor.

• Fraude a la Seguridad Social donde la ineficiencia del control administrativo no excluye la culpabilidad
• Delito contra la fauna por posesión de especie vulnerable
• Elementos del tipo del delito de simulación de delito
• Lesiones en establecimiento de ocio. Responsabilidad civil derivada de delito. Responsabilidad civil subsidiaria del artículo 120.3 CP. Requisitos

Condena a penas de hasta 2 años y 3 meses de cárcel a doce acusados del denominado “cartel del fuego”

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y tres meses y seis meses de cárcel a doce acusados de conformar un cártel en los contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018, mientras que ha declarado exento de responsabilidad penal a otro de los acusados al aplicar por primera vez la denominada “excusa absolutoria” por haber destapado estas prácticas ilegales.

En una sentencia, de 178 páginas, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal acuerdan absolver a otros cuatro acusados en este procedimiento, conocido como “cartel del fuego”, que no habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, como sí hicieron los otros doce.

Entre los condenados se encuentra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín C. La Sala le condena a la pena de 1 año y 9 meses de cárcel por delito continuado de cohecho, continuado de prevaricación, continuado de malversación y continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial, con la atenuante analógica de confesión tardía y simple de dilaciones indebidas. Por el contrario, le absuelve del delito de asociación ilícita.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo de un condenado por violencia de género, que afirmaba que se habían vulnerado sus derechos porque los órganos judiciales no aplicaron la dispensa de la obligación de declarar en juicio que la ley reconocía a su expareja, denunciante en el proceso penal.

El 24 de septiembre de 2000, Hamza Mouri fue condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela a una pena de diez meses y quince días de prisión por haber agredido a su entonces pareja, causándole lesiones. 

La Audiencia Provincial de Alicante rechazó el recurso de apelación y confirmó la pena de prisión impuesta por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Agotada la vía judicial, el condenado acudió en amparo al Tribunal Constitucional. 

• Desestimación de la impugnación del segundo nombramiento del Fiscal General del Estado
• Legitimación del acreedor hipotecario. Concesión de obra. Resolución por insolvencia. Cantidades en depósito
• Liquidación de contrato administrativo por nulidad de procedimiento
• Concesión de aguas subterráneas y previa evaluación de impacto ambiental