Jurisprudencia

Las sentencias parten del criterio ya establecido por la Sala sobre el alcance de la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, de Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero.

En cuatro sentencias dictadas entre el 13 y el 25 de mayo, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso ha fijado cómo deben girarse los honorarios arancelarios devengados por el Registro de la Propiedad en supuestos de operaciones bancarias que no son de saneamiento y reestructuración sino que se trata de operaciones llevadas a cabo por razones de conveniencia empresarial y por ello cabe denominarlas "ordinarias o normales" y ha establecido que no se pueden cargar al prestatario los gastos del registro generados por trasmisiones de hipotecas acordadas entre entidades bancarias (sentencia de 13 mayo 399/2020).

• Continuidad delictiva y agravación por razón de la cuantía en el delito de estafa
• El delito de apropiación indebida no es apto para generar responsabilidad penal de una persona jurídica.
• Delito de contra el orden público, al transgredir el confinamiento del estado de alarma
• Delitos contra la ordenación del territorio

• No es válida la cláusula limitativa de derechos del asegurado inserta en las condiciones generales no firmadas, a las que remitían las particulares
• La calificación de contingencia por litigiosidad de un crédito en un procedimiento concursal
• Inexistencia de dolo del asegurado en la “declaración de salud” al contratar un seguro de vida
• Contrato relativo a la realización de un proyecto de vivienda individual con vistas a su construcción
• Concesión de crédito en caso de descubiertos y cobro de comisiones en cuentas bancarias

• Participación en los gastos comunes de una finca en propiedad horizontal
• Apostante on-line que gana de 2.773.164 euros por un error informático en la expresión de la cuota de la casa de apuestas
• Prevalencia de la libertad de expresión frente al derecho al honor en relación a un artículo de opinión con duras críticas a un exmagistrado
• Solicitud de suspensión del sistema de guarda y custodia compartida mientras dure el estado de alarma decretado por el Covid-19

• Un juez autoriza forzar a un anciano a hacerse el test de la covid-19
• Adjudicación de contratos administrativos y ofertas con valores anormales o desproporcionados
• Incorporación al planeamiento urbanístico del informe de impacto de género
• No pueden entenderse aprobados por silencio administrativo proyectos de actuación de iniciativa particular

• El seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos de motor no cubre al conductor asegurado por la muerte de sus familiares causada por su propia conducta
• La denuncia de la prórroga del contrato de seguro de vehículos por la compañía no implica la cobertura adicional de un mes
• Condiciones generales de la contratación. Control de incorporación. oportunidad de los prestatarios de conocer su inclusión en el contrato
• Requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros
• Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque

• La prescripción extintiva de acciones ha de ser interpretada restrictivamente
• Arrendamiento de vivienda con opción de compra
• Intromisión en el derecho al honor por inclusión en un registro de morosos sin comunicación previa
• Acción de retracto de comuneros posterior a la acción de división judicial de una finca

• Prisión permanente revisable en el asesinato de menores
• Delito de maltrato de obra en el ámbito familiar e imposición preceptiva de prohibición de aproximación
• Condena por delito contra la seguridad del tráfico, anulada por estimación del recurso contencioso-administrativo
• Delito continuado de estafa y delito de falsedad

El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de julio de 2018, que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (Adicae) contra el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de julio de 2018, que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones en el caso de las participaciones preferentes de la CAM, después de que al inicio del juicio se retirasen la acusación particular y una de las acusaciones populares y la Fiscalía apoyase dicho sobreseimiento.

La Audiencia, en la resolución ahora confirmada, señaló que Adicae carecía de legitimación activa para mantener la acusación popular contra los acusados Roberto López Abad y María Dolores Amorós Marco una vez que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que representaba a los perjudicados u ofendidos por el delito apoyaban la prosecución del procedimiento criminal.

• Derecho de acceso a la información pública. Interés casacional. Información anterior a la entrada en vigor de la Ley 19/2013. Inadmisión. Reelaboración
• Naturaleza jurídica de las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética
• Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador
• Daños y perjuicios provocados en explotación ganadera por fauna salvaje (lobos)