Jurisprudencia

Si llegaran a la conclusión de que dichas cláusulas son abusivas, podrán sustituirlas por un índice legal aplicable de manera supletoria para proteger a los consumidores en cuestión de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo.

• No cabe la expropiación por ministerio de la ley cuando el suelo sea edificable y esté adscrito a un ámbito de gestión
• Legitimación activa de los integrantes de una unión temporal de empresas
• Medidas tras la negativa de la administración a aplicar controles por superarse los niveles máximos de dióxido de nitrógeno
• Obligación de transmitir determinados programas impuesta a empresas que emiten contenidos a través de redes de satélites propiedad de terceros

• Requisitos para el establecimiento de un límite temporal en la percepción de la pensión compensatoria
• Pensión de alimentos a favor de hijas mayores de edad en periodo de formación
• Abuso del derecho a la tutela judicial de una compañía de seguros manteniéndose en juicio temerariamente
• Convenio sobre guarda y custodia monoparental y su posterior modificación
• La difusión pública de la imagen de una niña en redes sociales debe ser autorizada por ambos progenitores y si no hay acuerdo por el juez

• Deber de declaración del riesgo en un seguro de vida e invalidez vinculado a un préstamo hipotecario
• Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente con la aeronave en vuelo
• Modificar un software sin permiso del autor supone vulnerar la propiedad intelectual
• Protección de datos. Instalación de cámaras en edificios no públicos. Requisitos para la licitud del tratamiento

• Prestación del consentimiento del acusado a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
• Delito contra el patrimonio histórico en bienes de valor histórico artístico, científico, cultural o monumental
• Responsabilidad civil en los delitos de alzamiento de bienes
• La Prueba pericial en un procedimiento penal

Confirma la condena al pago de una multa de 1.080 euros impuesta a un hombre que envió desde su teléfono móvil una foto de una amiga desnuda, que previamente ella misma le había enviado, al compañero sentimental de ésta sin su consentimiento

La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que comete un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.7 del Código Penal quien difunde imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afectan gravemente a su intimidad. El tribunal confirma la condena al pago de una multa de 1.080 euros impuesta a un hombre que envió desde su teléfono móvil una foto de una amiga desnuda, que previamente ella misma le había enviado, al compañero sentimental de ésta sin su consentimiento.

En esta sentencia, el tribunal se pronuncia por primera vez sobre el artículo 197.7 del Código Penal, introducido tras la reforma de 2015. Dicho artículo establece que se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La sentencia del Pleno de la Sala Primera 99/2020 aborda por primera vez la interpretación del art. 61.3 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, sobre los pactos que pueden alcanzar de las partes a efectos de superar el límite indemnizatorio previsto en la ley para las indemnizaciones a cargo del transportista por pérdida o avería de la mercancía.

La Sala analiza la naturaleza de la limitación de responsabilidad del transportista en caso de daño a la mercancía, que constituye una fórmula de reparto de los riesgos entre las partes y produce efectos beneficiosos en la economía del contrato, tanto desde la perspectiva del transporte en sí, como de su aseguramiento. Con dicha limitación se pretende hacer asegurable la responsabilidad a un precio asumible, lo que evita el riesgo de insolvencia del transportista y el sobrecoste que, de otro modo, sufriría el precio del transporte.

Las partes tienen la posibilidad de pactar en el contrato cantidades máximas distintas a las que resultan de aplicar las fórmulas legales de cálculo, a través de las declaraciones de valor de la mercancía o del interés especial en la entrega, siempre contra el pago de un suplemento del precio y siempre que estos pactos se incorporen a la carga de porte.

• Extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por convivencia con nueva pareja sentimental y modificación de la pensión de alimentos de hijo menor
• Derecho de crédito frente a la sociedad de gananciales por el dinero privativo de la esposa ingresado en una cuenta común
• Intromisión en el derecho al honor de persona jurídica, mediante la creación por la demandada de una web de redireccionamiento a otra pornográfica con una denominación confundible con la web de la demandante de servicios médicos
• Cuotas del colegio de abogados. Inclusión de un seguro. Consideración como «materia contractual» a efectos del Reglamento UE 1215/2012

• Solicitud de asilo desde el Centro de Internamiento para Extranjeros y cómputos de plazo para notificar la resolución
• Posibilidad de cesión el derecho de crédito que deriva de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
• Legitimación activa de los grupos municipales. Modificación del planeamiento urbanístico a través de una instrucción
• La asociación de municipios para la prestación del servicio de Policía Local. Inconstitucionalidad de partes de la Ley Foral 23/2018

• Propinó a su hijo una bofetada de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de la conducta
• El delito de Child Groming requiere que sean los medios tecnológicos las vías de contacto inicial con el menor
• La manipulación de un tacógrafo, conlleva la comisión de delito de falsedad en documento oficial
• Agravación penológica por multirreincidencia en los delitos leves de estafa