Jurisprudencia

• En el proceso penal, el dictamen pericial precisa de un acto de reconocimiento
• Es delito de contrabando la mera tenencia de una embarcación catalogada como género prohibido
• Delito de odio por la orientación sexual
• La predeterminación del fallo en el proceso penal

• Requisitos para considerar que el suministrador de un producto defectuoso es una «persona que se presenta como productor»
• Participación de un inversor puramente económico en el capital de una sociedad profesional de abogados
• Declaración inexacta o errónea en el cuestionario de salud del seguro de vida
• Limitación de doce meses, de retribuciones durante el periodo de liquidación de los administradores concursales

• No es adecuado al fin de la norma restringir el alcance procesal a un único incidente de suspensión por vulnerabilidad en un desahucio
• Derecho de ingreso de mujeres en una cofradía. Discriminación
• Desahucio por precario entre coherederos
• Se refuerza la preferencia del acreedor prendario frente a otros embargos posteriores

• Invasión de la reserva de ley orgánica por la reforma de la Ley de Salud gallega
• Constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el nombramiento de magistrados del TC
• Concesión de aguas públicas y extinción y demolición de las instalaciones a su término
• Revisión de precios del contrato administrativo aprobado en virtud de un acto administrativo firme

Los recurrentes las consideraban asimilables a los remolques tal como aparecen definidos en el Reglamento General de Vehículos, queriendo con ello hacer prevalecer la condición de vehículo sobre la de vivienda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que “la naturaleza de las denominadas “mobile-home” o casas móviles es asimilable a las casas prefabricadas desde la perspectiva de la exigibilidad de la licencia urbanística por uso de suelo, siendo de aplicación el artículo 11.4.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”.

• Delito de estafa por vender un trastero reformado y que carecía de licencia de habitabilidad engañando a la compradora
• Desórdenes públicos en su modalidad de pillaje
• Legitimación activa de la mercantil liquidada y con asiento registral cancelado para mantener el ejercicio de la acción penal
• Delito de impago de prestaciones económicas de resolución judicial no firme

• Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Concepto de “cantidad adeudada”
• Concertación entre empresas para establecer limitaciones a la garantía de los automóviles
• Reclamación al banco, como avalista colectivo, de las cantidades anticipadas por la promotora, que no entregó a los demandantes aval individual
• Préstamo hipotecario multidivisa y nulidad de las cláusulas relativas a la opción multidivisa

• Notificación defectuosa de un procedimiento monitorio europeo
• Validez de la cláusula de revisión periódica del tipo de interés de un contrato de préstamo hipotecario
• Obligación de los propietarios en propiedad horizontal de contribuir a obras consideradas necesarias de un ascensor
• Tratamiento psicológico de menores adoptada por uno de los progenitores sin consentimiento del otro
• Accesión invertida cuando la construcción excede los límites del propio terreno e invade predio vecino

• Inconstitucionalidad del Decreto-ley de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, por falta de presupuesto habilitante
• Nulidad parcial del artículo 23 de la Ley de demarcación y planta judicial
• Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia
• Se permite colocar la bandera LGTBI en edificios públicos por no ser un símbolo partidista

El Tribunal Supremo establece límites a la gestación subrogada por ser contraria al orden público.

El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia el 4 de diciembre de 2024 trascendental que rechaza el reconocimiento de una resolución judicial estadounidense que validaba un contrato de gestación subrogada. La Sala de lo Civil considera que esta práctica vulnera el orden público, los derechos fundamentales y los principios constitucionales recogidos en la Constitución Española, incluyendo la dignidad, la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor.