El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras que traslada al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2025/1, estableciendo un marco armonizado para la recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Este cambio de normativa viene a reforzar y a dar seguridad al sector, ante situaciones críticas. La nueva regulación establece que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones será la autoridad de resolución, que quedará separada funcional y orgánicamente de la de supervisión, aunque ambas se alojen en el mismo órgano directivo, según lo permite la Directiva europea.

Además, se atribuyen al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa las competencias de acordar la apertura del procedimiento de resolución y determinar los instrumentos a aplicar, correspondiendo a la autoridad de resolución la ejecución de dichas medidas.

El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto, previsto en el Plan de Acción por la Democracia, sustituye la ley de 1982, la adapta al entorno digital (inteligencia artificial, redes sociales, etc.) y amplía el nivel de protección de estos derechos fundamentales.

Una ley adaptada al entorno digital

El anteproyecto introduce novedades relevantes en materias como el consentimiento en el uso de nuestra imagen en el entorno digital. Por primera vez, considera ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares (deepfakes).

También establece que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no supone que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

El Consejo de Ministros de 13 de enero, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una norma que actualiza este derecho a las nuevas realidades de los medios de comunicación y a las vías por las que los ciudadanos acceden a la información, de modo que sustituirá a la actual legislación, de 1984.

El derecho de rectificación cumple una función esencial en la tutela de algunos derechos fundamentales -como el derecho al honor o a comunicar y recibir libremente información veraz- pues permite corregir informaciones inexactas que causan perjuicio y contribuye a favorecer la calidad del debate público, afectado por la proliferación de las fake news.

Los usuarios relevantes de redes sociales, obligados a rectificar

El proyecto de ley introduce novedades fundamentales en lo relativo a quienes pueden ser objeto de rectificación. Además de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, también se podrá solicitar una rectificación de la información publicada a usuarios de plataformas en línea. Se aplicará a lo que la ley denomina usuarios "de especial relevancia" (conocidos popularmente como influencers) por su número de seguidores -quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias-.

• Retracción de la denunciante dos días antes de fallecer y efectos en la sentencia
• Momento de consumación y formas imperfectas de ejecución del delito de coacciones
• Testigos protegidos de los que no se ofrecen sus datos de filiación en la fase de enjuiciamiento
• Delito de falsedad en documento privado por fotocopias de documentos oficiales

• Propiedad intelectual. Artes aplicadas. Acreditación de la originalidad del objeto
• La normativa nacional no tiene por qué contemplar la participación del consumidor en el control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas
• Indemnización del daño por pérdidas derivadas de la contratación de un swap
• Demanda de créditos contra la masa de la AEAT con créditos tributarios incluyendo los recargos de apremio en concurso de acreedores

• Obtención de datos personales mediante cámaras corporales. Obligación de información al interesado por el responsable del tratamiento
• Inscripción registral de capitulaciones matrimoniales otorgadas en otro Estado miembro
• Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a un arrendamiento de local
• Instalación de un punto de recarga en una plaza individual en garaje de propiedad horizontal

• Discriminación en el acceso a viviendas públicas. Origen racial o étnico
• Criterios de adjudicación de los contratos públicos. Exclusión del precio como criterio único
• Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Servicios de urgencia. Infracción de la lex artis. Concurrencia de culpas
• Acceso a la información relativa a la aplicación informática para determinar si se cumplen los requisitos para ser beneficiario del bono social

• Anotación preventiva de embargo sobre una cuota hereditaria abstracta solicitada por la AEAT
• Inscribilidad de la venta de bienes singulares hecha conjuntamente por todos los herederos, sin partición ni adjudicación
• Requisitos para diligenciar libros de actas en comunidades de propietarios de hecho no constituidas registralmente
• Prohibición estatutaria del «desarrollo de la industria de hospedaje» en un edificio en régimen de propiedad horizontal